Teme ONG que GIEI deje el caso Iguala

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero expresó su temor de que el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de hacer los peritajes en el caso Ayotzinapa, deje de investigarlo por el escenario adverso que se presenta en la actualidad.

En entrevista con La Razón, el director de la organización, Abel Barrera, dijo que hay preocupación, porque se está desmantelando todo el aparato construido por el Gobierno federal para investigar el caso de la desaparición de los normalistas.

“Este jueves el GIEI va a presentar un informe y esperamos que no sea que se van. Hay un temor luego de la renuncia de Omar Trejo, pues hay un escenario adverso y se pueden imaginar cosas peores, como que el GIEI no continúe. Es una probabilidad vislumbrando el escenario de cómo se encuentra la investigación y los hechos en este momento”, indicó.

El director de Tlachinollan señaló que también hay miedo de que el caso entre en un “descarrilamiento” en la investigación, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Fiscalía Especial para el caso, y los constantes embates en contra del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

“No podemos asegurar la presencia del GIEI por el desmantelamiento de todas las instituciones del Estado que fueron creadas para investigar el caso Ayotzinapa. Nosotros estamos totalmente a favor de que se queden hasta que el caso llegue al final. Ojalá no sea una noticia adversa, porque no lo queremos, aunque es una posibilidad por ese desmantelamiento”, aseveró.

Barrera mencionó que con el contexto de que se cancelaron órdenes de aprehensión contra funcionarios y militares, el caso “ya está estancado, ya que no hay señales favorables de que los análisis avancen y hay muchos golpeteos internos entre el Gobierno federal, por ello pensamos que se puede descarrilar o va en proceso de”, aseveró.

Suspenden proceso a Murillo; sigue recluido

Una juez federal otorgó este miércoles una suspensión definitiva a favor del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en la vinculación a proceso por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, relacionados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A pesar de haber obtenido esta suspensión definitiva, por parte de la jueza decimosexta de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, el exprocurador de la República no saldrá del Reclusorio Norte.

Únicamente, será para efecto de que el juez de control del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien vinculó a proceso a Murillo, suspenda el procedimiento para llamar a la apertura del juicio hasta que se resuelva el amparo.

Una vez que fue otorgada esta suspensión definitiva, ahora el juez de control deberá de analizar el contenido de la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva justificada y la vinculación a proceso, para que otro magistrado establezca si efectivamente hubo una determinación correcta en realizar la acción.

Luego de que la jueza Yazmín Eréndira Ruiz otorgó esta suspensión definitiva, se declaró incompetente para continuar con el caso y ordenó turnar el expediente al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

Argumentó que, en el juzgado segundo, el cual tiene sede en la capital del país, era la instancia jurisdiccional indicada porque fue quien conoció en primera instancia el recurso presentado por el equipo de defensores del exprocurador, los cuales interpusieron esta medida por considerarla una detención ilegal de su defendido, lo cual asentado en la causa penal 307/2022.

Cabe recordar que la jueza Yazmín Eréndira Ruiz ya había otorgado una suspensión provisional con el número 771/2022 a favor de Murillo Karam para que no se diera apertura a este juicio; sin embargo, este miércoles emitió una definitiva a favor del exgoberndor de Hidalgo.

La detención de Jesús Murillo Karam se realizó en su domicilio de la Ciudad de México, la tarde del viernes 19 de agosto. Una vez que los elementos de la FGR cumplimentaron la orden lo trasladaron al Reclusorio Norte donde fue puesto a disposición de un juez.

Fue hasta el 24 de agosto, cuando el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que la Fiscalía había cumplido con las cargas de prueba para la vinculación a proceso los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

El juez de control valoró que los datos presentados por la FGR podían presumir la participación del exprocurador en los hechos donde presuntamente fueron hallados restos óseos calcinados de los 43 normalistas en 2014 y dificultó el hallazgo de los estudiantes desaparecidos.

AI ve riesgo en avances en el caso Ayotzinapa

Amnistía Internacional (AI) lamentó la renuncia del titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a causa de las “visibles contradicciones entre ésta y la Fiscalía General de la República (FGR)”.

El organismo señaló en un posicionamiento que, tras su renuncia, se ponen en riesgo los avances logrados y amenazan con retrasar aún más el acceso de las familias de los estudiantes a la verdad, a la memoria y a la justicia.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional comentó que los problemas surgidos “dejan en total incertidumbre a las familias de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general”.

Además, comentó que las graves diferencias surgidas entre las distintas autoridades deben resolverse para evitar que la impunidad se perpetúe en este caso tan emblemático para México.

“Es imperativo también mantener a las familias de los estudiantes plenamente informadas y en el centro del proceso de toma de decisiones, no sólo por la transparencia que se debe mantener con ellas, sino también para garantizarles su derecho a la verdad, y a una reparación integral de los enormes daños que han vivido a lo largo de estos ocho años”, dijo.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México indicó que no se pueden tolerar más retrasos en la investigación, pues el Estado mexicano debe generar las condiciones para avanzar en las investigaciones, respetar la autonomía e independencia del trabajo de la Unidad Especial de Investigación, así como asegurar que contará con los recursos tanto humanos como materiales necesarios para realizar su trabajo.

“Debe garantizar el debido proceso, para evitar cualquier error que impida el desarrollo de los procesos judiciales y pueda poner en riesgo el derecho a la justicia y la sanción de quienes resulten responsables de este atroz crimen”, agregó.

Con información de Manuel Velázquez