El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el proceso de judicialización del caso Ayotzinapa se presentaron intereses de quienes tratan de “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
“Cuando esto llega a la fiscalía, ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares.
“Entonces, el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos, ¿sí? Entonces, no les gustó que se actuara así ni les gustó el informe”, señaló López Obrador.
Añadió que la intención era “reventar” la investigación al provocar una “rebelión” en el Ejército, al girar 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, cuando sólo son cinco los señalados, lo que provocaría el malestar de las Fuerzas Armadas.
Buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cincoAndrés Manuel López Obrador, Presidente de México
“Como en todo esto, hay intereses; buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco; claro, de alto grado, los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados. Pero, ¿por qué meten los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. No, cero corrupción, cero impunidad”, expuso el jefe del Ejecutivo Federal.
El Presidente también acusó al abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, de actuar de mala fe y pretender administrar la tragedia.
“No, cinco, y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe, no tiene la información entonces”, recalcó el mandatario.
Reconoció que le costó mucho trabajo, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) es una entidad autónoma, que se liberaran las órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados, incluido el exprocurador Jesús Murillo Karam y los militares José Rodríguez Pérez, José Martínez Crespo, Eduardo Mota Esquivel y Fabián Alejandro Pirita.
López Obrador reveló que le dio la orden por escrito al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para que permitiera la actuación judicial en contra de los miembros del Ejército Mexicano.
“Para más detalles, yo di la instrucción al secretario de la Defensa por escrito, de que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión (Covaj)”, explicó el mandatario.
Ante los ataques y presiones que se levantaron en contra del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien encabeza la CoVAJ, el Presidente le dio toda su confianza y respaldo.
“Encinas tiene todo nuestro apoyo. Y, bueno, si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía”, advirtió López Obrador.
López Obrador aclaró que el amparo concedido al exprocurador Jesús Murillo Karam no significa que abandonará la prisión.
“La fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que Murillo fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la ‘verdad histórica’, de cómo distorsionaron o cambiaron los hechos, cómo culparon a otras personas, cómo torturaron a personas, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes, algo que, está demostrado, fue falso; él se asume como responsable y Tomás Zerón, el señor que está en Israel, y otros más. Tiene derecho a defenderse, pero aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel y que no es un asunto del Presidente, sino que es el proceso que se está llevando a cabo”, manifestó López Obrador.
Añadió que todos aquellos que fueron señalados en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa deberán responder ante la justicia.
Mario Delgado sale en defensa de Alejandro Encinas
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, salió en defensa del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien calificó como un servidor público que lucha por la verdad en el caso de Ayotzinapa y por esto tiene el respaldo de su partido.
A través de sus redes sociales, Delgado afirmó que Encinas Rodríguez todos los días trabaja por las víctimas y las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en septiembre de 2014.
Tras los cuestionamientos en contra del subsecretario de Gobernación, por las investigaciones del caso, el líder nacional de Morena difundió un mensaje en donde refrendaba a nombre de todo el partido un respaldo para el político.
“La lucha por la verdad y la justicia que ha dado @A_Encinas_R en el caso Ayotzinapa es ejemplar. Todos los días trabaja por las víctimas y sus familias. En @PartidoMorenaMx reconocemos su compromiso y respaldamos la búsqueda incansable que ha hecho la Comisión de la Verdad”, refirió Mario Delgado.
Iñaki Blanco demandará a Gómez Trejo por “daños”
Iñaki Blanco, exprocurador de Justicia de Guerrero, denunció un manejo “doloso” de la investigación del caso Ayotzinapa por parte de Omar Gómez Trejo, quien recientemente dejó el cargo de titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA), y anunció que presentará una denuncia en su contra.
Entrevistado en Radio Fórmula, el exfuncionario acusó que, durante la investigación, Gómez Trejo “manipuló, alteró, desvió y filtró información que obra en las carpetas de investigación que aseguró resguardar”, lo cual constituyó un “daño moral”, dijo, en su contra.
El pasado fin de semana se informó que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión previstas por el caso Ayotzinapa, entre las que había una en contra de Blanco Cabrera.
(Gómez Trejo) manipuló, alteró, desvió y filtró información que obra en las carpetas de investigación que aseguró resguardar. Voy a presentar una demanda por daño moralIñaki Blanco, Exprocurador de Guerrero
“Voy a presentar una denuncia en su contra (de Omar Gómez Trejo), voy a presentar una queja por lo que hace una responsabilidad de carácter administrativo, y voy a presentar una demanda por daño moral. Él incurre en responsabilidad penal y administrativa, al no haber subsanado los errores de las consignaciones llevadas a cabo por la anterior administración, obteniendo pruebas de carácter superveniente”, comentó el exprocurador.
Dijo que él no tiene ninguna relación con los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, como testificó en su contra Gilberto López Astudillo, El Gil, y que, por el contrario, él dirigió investigaciones en contra de los mismos: “resulta un tanto ilógico, absurdo y hasta tonto pensar que yo recibía dinero de Guerreros Unidos y que me fuese a meter a la boca del lobo”.
Concluyó que, en su opinión, existen “discrepancias entre lo que se asentó en ese informe (de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia) y las solicitudes de órdenes de aprehensión que se formularon a un juez de Distrito”, pero que confía en que se “deslinden y se delimiten responsabilidades”.
“Quienes privaron de la libertad y desaparecieron a los normalistas fueron los Guerreros Unidos en colusión con policías municipales. Lo demás tendrá que probarse. Por lo que hace a la actuación de la Fiscalía de Guerrero, quiero destacar que fue la única autoridad que aquella noche hizo algo para buscar y resguardar estudiantes”, declaró.
GIEI difiere con Gobierno por judicialización del caso Iguala
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró diferencias de criterio con el Gobierno en torno a las indagatorias del caso Ayotzinapa, y particularmente con el proceso de judicialización.
Expuso que hay “intromisiones indebidas” a la Fiscalía especial, así como irregularidades en órdenes de aprehensión, falta de información de instituciones e inconsistencias en los análisis sobre la desaparición de los 43 normalistas referentes a chats no verificados.
En conferencia de prensa, los expertos señalaron que durante los hechos ocurridos hace ocho años hubo espionaje a policías y miembros de Guerreros Unidos a través de programas como Pegasus, con intercepción de comunicaciones en tiempo real de los sucesos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Se dieron también reuniones secretas y dirigidas, días después de la desaparición, por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y en proceso de extradición, además de vigilancia del basurero de Cocula por parte de personal militar.
En su narrativa de hechos, los expertos ratificaron la existencia de un quinto autobús en el que se transportaban los normalistas, el cual presuntamente llevaba oculta una carga de droga, y la existencia de normalistas con vida hasta el 4 de octubre del 2014.
Además, confirmaron evidencias de comunicaciones entre Guerreros Unidos, la Marina, el Semefo, alcaldes, el C4 y policías, así como reuniones privadas y comidas entre criminales y militares.
El GIEI denunció también que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, no informó acerca de los chats y conversaciones que fueron presentados en su reciente informe, y que detallan lo sucedido el día de la desaparición de los estudiantes, lo que creó una confusión sobre las conclusiones y revelaciones, así como la relación con los procesos de judicialización que ya estaban en curso, por lo que pidió revisarlos para verificar su certeza, con un peritaje.
Los expertos señalaron directamente al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de ser el responsable de quitar autonomía a la Fiscalía especial del caso, llamada formalmente Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).
De esta manera, expresaron su rechazo a que se hayan retirado 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas en contra de militares. Señalaron que hay una acusación “débil” en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre todo cuando, dijeron, hay elementos para haberla fortalecido y mostrar su responsabilidad en la creación de la “verdad histórica”.
Entre las órdenes de aprehensión canceladas se encuentran en contra de agentes del Ministerio Público que llevaron a cabo la primera investigación; de integrantes del Centro de Comando C4 en Iguala, encargados de monitorear el paso de los estudiantes; contra militares, así como una investigación de ejecución extrajudicial de uno de los líderes de Guerreros Unidos.
Los integrantes del GIEI subrayaron que, con estos desistimientos, se vulneró la autonomía de la Fiscalía especial, además de que la FGR puso en el caso a personas sin conocimiento del asunto.
Un ejemplo de ello ocurrió el 16 de agosto pasado, cuando se comisionó a una mujer, a la que identificaron como “Bustamante”, a la Fiscalía especializada, con el fin de hacer labores de Ministerio Público. Un día después, tomó la carpeta de investigación y, sin consideración alguna, solicitó la captura de Jesús Murillo Karam.
Incluso, al juez de Control del Reclusorio Norte le llamó la atención por no conocer el caso y no poder sustentar la imputación. Lo anterior provocó que no se pudiera reforzar la acusación contra el exfuncionario federal, señalaron los expertos independientes.
La nueva encargada cuenta con todos los documentos, tras la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, en días pasados, hecho este último que puede representar un retraso de años en las investigaciones, dijeron.
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, dijo que la separación de Gómez Trejo de su cargo puede traer graves consecuencias al caso, ya que el equipo del nuevo titular de esa oficina puede tardar entre tres y cinco años en conocer la investigación y comenzar a realizar indagatorias.
En este tema, el experto Francisco Cox alertó que, antes de la renuncia del fiscal especial, personal de la FGR intervino su oficina para realizar una auditoría, situación que desconcertó al GIEI, ya que anteriormente no se le había hecho fiscalización alguna y, por ello, dijo que “hay un temor fundado de que haya represalias contra el personal de la UEILCA tras esa auditoría; lo que no queremos es que esa auditoría se traduzca en una cacería de brujas”, aseveró.
Claudia Paz, otra integrante del GIEI, dijo que desde que regresaron a México para investigar el caso de la desaparición de los normalistas, el fiscal general Alejandro Gertz sólo los recibió en una ocasión, por lo que ahora buscan un nuevo encuentro con él, que consideran vital para el avance de los análisis. Dicha reunión podría darse en octubre, pero no hay fecha concreta.
El experto Carlos Beristain, igualmente del GIEI, mencionó que se habían generado acuerdos con el fiscal general Alejandro Gertz, pero no se cumplieron, y resaltó que despojaron de las carpetas de investigación a los miembros de la fiscalía especial para el caso.
En el recuento de irregularidades en torno a la investigación reciente, Ángela Buitrago expuso que hay comunicaciones que refieren que, el día 20 septiembre del 2014, se pidió a dos militares matriculados en la escuela normal rural que se informara a la 35 zona militar de todo lo que sucedería del 20 al 26. “La información detecta que el centro de inteligencia de la Sedena hacía labores de inteligencia, pero la respuesta ha sido la negación” de la existencia de esta área, detalló.
Claudia Paz ratificó que, en el 2014, se desarrollaba una investigación en Estados Unidos por el trasiego de drogas de Iguala hasta Chicago, a través de autobuses, y que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ocultó la existencia de un quinto camión que transportó a más estudiantes, el cual, se presume, traía consigo un cargamento de cocaína y heroína.
Carlos Beristain denunció que, en el caso Ayotzinapa, se dijeron “verdades que resultaron mentiras”, como la quema de los normalistas en el basurero de Cocula, o que no se sabía de los monitoreos a los estudiantes por parte de las Fuerzas Armadas.
Guerreros Unidos, ligados a militares, marinos, ediles...
En su informe “Ayotzinapa IV”, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) subrayó una relación estrecha entre la organización criminal Guerreros Unidos y autoridades de los tres niveles de gobierno, incluidos integrantes del Ejército, de la Marina, del Servicio Médico Forense (Semefo), policías estatales y municipales, así como tres presidentes municipales.
El GIEI detalló, en el reporte, que la información se obtuvo de la intercepción de mensajes de comunicación telefónica, realizada por autoridades de Estados Unidos, quienes ya realizaban una investigación sobre ese grupo criminal por el trasiego de heroína y cocaína a Chicago.
Dichos mensajes suponen una de las evidencias presentadas por la Fiscalía estadounidense ante las autoridades judiciales del país vecino.
Documentos difundidos por el grupo de expertos establecen que, durante la primera etapa de sus investigaciones, pidieron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitar el apoyo de las autoridades estadounidenses para saber si ellos tenían pruebas, como llamadas o textos de comunicación telefónica, del grupo delictivo.
Sin embargo, la PGR no respondió de inmediato a las peticiones del GIEI, que ratificó la existencia de un quinto camión la noche de los hechos de Iguala el 26 de septiembre del 2014.
Los expertos apuntaron en su informe que, mediante autobuses comerciales, los Guerreros Unidos transportaban los enervantes a EU y esto podría ser uno de los motivos del ataque a los estudiantes.
Describieron que, en el contenido de los mensajes entre los delincuentes y elementos del Ejército, hacen menciones de invitaciones a comidas y vínculos con mandos castrenses de la zona, con quienes operaban para evitar confrontaciones.
Respecto a la Marina, el informe refiere que algunos de sus elementos sostuvieron diversos encuentros con los delincuentes y les informaban sobre los operativos que la corporación realizaría para detener a otros criminales.
En el caso del Semefo, menciona que un empleado mantenía constantemente informados a los miembros de Guerreros Unidos sobre quiénes eran las personas que llegaban a sus instalaciones, al haber perdido la vida de manera violenta.
Asimismo, “Ayotzinapa IV” consigna que existía una relación del grupo delictivo con elementos de la policía estatal, con quienes sostenía constante intercambio de información sobre los hechos que ocurrían en la entidad, incluso de los vehículos y camionetas que pasaban por los lugares y que les resultaban sospechosos.
Guerreros Unidos tenía una relación directa, de acuerdo con los mensajes interceptados por Estados Unidos, con las policías de Taxco, Cocula e Iguala, con cuyos elementos había familiaridad y se comentaban sobre los recorridos en las zonas.
Sobre las intercepciones de las comunicaciones con tres presidentes municipales, se revela que son de Cuetzala, Ixtapan de la Sal e Iguala. En todos los casos, el grupo de investigación asegura que la comunicación se realizaba por claves.
El GIEI refiere algunos de los nombres de contactos en las conversaciones, que hacen referencia a miembros de cuerpos de seguridad, policías municipales y Ejército, algunos de los cuales se encuentran inculpados o señalados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos.
De acuerdo con el informe del GIEI, los mensajes interceptados en Estados Unidos, al igual que otros dados a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), están siendo sometidos a un peritaje que permita analizar su veracidad, ya que en el primer caso las intervenciones fueron de Blackberry, en Chicago, y en el otro se trata de capturas de pantalla de fotografías de chats, que muestran dos modos muy distintos de uso de terminología, claves y ortografía.
No descarta investigar a más efectivos
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que a pesar de que señalaron a cinco militares como responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pueden ser más, ya que se busca castigar a todos aquellos que pudieron haber intervenido el día de los hechos, así como su relación con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
“Nosotros hemos señalado cinco militares desde un principio, y el informe se concentra en los días de los hechos, subsecuentes y los vínculos con los grupos delictivos. Por supuesto que sí (pueden ser más) y lo estamos revisando de manera conjunta, y de la lista de los 83 que bajaron, no incluye a todos los que vienen en el informe. Todos los que tengan evidencia de haber tenido una actitud ilícita, indebida o haber omitido u intervención deben ser castigados”, destacó.
Sobre las declaraciones de los abogados de los militares acusados, que adelantaron una denuncia en su contra por señalarlos de su presunta participación en la desaparición de los estudiantes, dijo: “que ya la hagan pronto, llevan como tres semanas diciendo lo mismo, están muy despistados”.
Al término de la presentación del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que no ha sido acosado ni presionado en torno a la investigación, porque sigue sus convicciones de llegar a la verdad de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.
“No me han acosado, ni presionado, pero si hay alguien que lo haga, que me lo diga. Yo no me siento acosado por nadie. Yo solamente cumplo con mis convicciones; nadie me ha presionado, al menos abiertamente”, destacó.
Señaló que se va a continuar con las líneas de investigación, entre ellas la referente a los militares presuntamente implicados en el caso, y aclaró que se está “muy cerca de la verdad”, y por ello hay una campaña para desacreditar la investigación: “lo que falta es llegar a las conclusiones para judicializar el caso y dar con los responsables”.
Comentó que no faltará quien quiera “dinamitar el caso”, aunque aclaró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está con las víctimas y en la disposición de llegar a la verdad.
En el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) se destacó que fueron 83 órdenes de aprehensión solicitadas; de ellas, 20 son contra militares, aunque sólo se han ejecutado cuatro y faltan 16, lo que molestó a los padres y familiares de los 43 normalistas que exigieron en diversas protestas en la Ciudad de México, la ejecución de las faltantes.
lem.
