Luego de que un juez en Boston, Massachusetts, desestimó la demanda presentada por el Gobierno de México contra empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que apelarán esta decisión en primera instancia.
Lo anterior bajo el argumento de que esta industria es en parte responsable de la violencia que azota no sólo a México, sino a toda la región latinoamericana debido a que facilita el tráfico ilícito de armas; además, en vista de que autoridades estatales y fiscales de EU, así como académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países respaldan a México en esta acción.
Así, tras señalar "la negligencia de empresas estadounidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego", la cancillería informó que no quitará el dedo del renglón en su búsqueda por lograr que el comercio de armas de fuego sea "responsable, transparente y con rendición de cuentas".
A través de un comunicado, la SRE detalló que el juez F. Dennis Saylor determinó que las empresas demandadas gozan de la protección de la ley estadounidense y que él, en su calidad de impartidor de justicia, no puede cuestionar una ley del Congreso de su país.
Al respecto, Saylor comentó que, “aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley”.
Para argumentar su sentencia, el juez hizo referencia a la ley conocida como Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), que impide a fabricantes de armas rendir cuentas por el uso que las personas puedan hacer de las mismas.
Cabe recordar que el canciller Marcelo Ebrard es quien encabeza la demanda contra estas empresas estadounidenses, en vista de que son conscientes de que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas hacia México y que, incluso, lo facilitan.
Las empresas armadoras demandadas por el Gobierno de México son: Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
En la demanda, autoridades mexicanas advirtieron que no buscan perjudicar económicamente a las empresas, sino acabar con los daños provocados por el tráfico de armas que caen en manos de grupos criminales en el país, la mayoría provenientes de Estados Unidos e incautadas en escenas de crímenes en territorio mexicano.
Por lo anterior, el Gobierno de México aclaró que continuará con las acciones necesarias para frenar el tráfico ilegal de armas.
"La demanda civil por daños en contra de quienes lucran con la violencia que sufren las y los mexicanos pasa a una segunda etapa, en la cual la cancillería seguirá insistiendo en que la negligencia de esas empresas afecta gravemente a nuestro país", concluyó la SRE en su pronunciamiento.
Con información de Manuel Velázquez.
CEHR