Las niñas, niños y adolescentes en México se han convertido en el sector más afectado como consecuencia de la pandemia, y su situación se agrava ante la ausencia de políticas y recursos para atender sus necesidades y problemáticas, señalaron organizaciones sociales, gubernamentales e internacionales.
Durante el foro Construyendo un presupuesto para la niñez y adolescencia organizado en la Cámara de Diputados, diversos sectores apuntaron las afectaciones en materia de salud, educación y violencia en las que la infancia quedó sumida y para lo cual propusieron incrementos monetarios a programas que ayuden a subsanar los daños.
María Constanza Tort, del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), mencionó que la emergencia sanitaria agudizó las carencias de este grupo que, aunque no enfrentó los mayores riesgos de salud, se convirtió en el “que ha sufrido las mayores consecuencias adversas, no solamente lo que ya sufre, sino lo que sufrirá en el futuro”.
Advirtió que la infancia es un periodo crucial para el desarrollo físico, social, psicológico, emocional y cognitivo, por lo que el daño que se genere en esta etapa no se podrá compensar después.
Además del retroceso académico tras el cierre de las escuelas, mencionó que esto también detonó los índices de trabajo infantil, abuso de sustancias peligrosas, reclutamiento por parte del crimen organizado y los niveles de ansiedad y demás trastornos.
Arianna González, oficial de Política Social en Unicef, expuso que en el Paquete Económico de 2023 para México se observan incrementos en términos absolutos en programas de atención a menores, pero que al considerar los índices de inflación lo que se observa en realidad son incrementos negativos.
De acuerdo con el análisis, México destinará aproximadamente 2.9 por ciento del PIB estimado para el siguiente año a la educación, lo que, dijo, “está muy lejos” del ocho por ciento que indica la ley.
Advirtió que si no se consideran los elevados índices inflacionarios se corre el riesgo de que el aumento en apoyos como las becas a estudiantes no sean significativos o que el poder adquisitivo de los beneficiarios se vea reducido.
En cuanto a salud para la infancia, destacó que mientras el presupuesto para el sector general crece cuatro por ciento, el destinado específicamente a la niñez en el mismo rubro “se queda atrás” con un recorte de cuatro por ciento.
Catalina Gómez, jefa de Política Social de Unicef, resaltó la falta de presupuesto en programas para atender a niños con discapacidad y los recortes reales a la prevención y control de la obesidad y diabetes, a pesar de los elevados indicadores de la población infantil que vive con estas condiciones en el país.
Por lo que llamó a evitar recortes significativos en inversiones prioritarias y mejorar la planeación presupuestal y precisar la información del destino y ejercicio de los recursos, para que así “no nos quedemos con dudas”.
Georgina Ibáñez, de la fundación Quinta Carmelita, abundó sobre los menores que viven sin cuidados familiares en el país, cuya cifra se estima en 412 mil 456, respecto de la cual “seguramente” hay un subregistro, pues no considera a quienes viven en situación de calle o migración.
A fin de contar con información sobre la violencia ejercida contra menores, el director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Óscar Bello, señaló que se requerirán entre diez y 15 millones de pesos para implementar una prueba piloto a nivel nacional en 2023, y al menos cien mdp para una encuesta sobre el tema en 2024.
Una prueba aplicada a 575 niños de 14 municipios de Morelos evidenció que 36 por ciento recibió pellizcos o jalones de orejas; 71 por ciento, nalgadas, y 11 por ciento fue “zarandeado”.
Nancy Ramírez, de Save the Children, reclamó que aunque este sector es un tercio de la población solamente se le destina 15.1 por ciento del gasto programable en el proyecto de 2023, lo que es el más bajo en 10 años, dijo.
A nombre de la organización, exigió que al programa La Escuela es Nuestra (LEEN) se le etiquete al menos 48 por ciento de su presupuesto para garantizar recursos a los alimentos y pago de jornadas amplias.
Otros puntos planteados por demás expertos y organizaciones expusieron las necesidades para atender a niñas y niños refugiados en México y luchar contra el aumento del trabajo infantil, así como los pendientes para garantizar la salud de las y los pacientes oncológicos.
DGM
