A pesar de la instrucción presidencial, hospitales de alta especialidad en el país continúan subrogando servicios; es decir, entregan a empresas privadas la atención de salud de los derechohabientes.
Un oficio enviado por la Dirección de Operaciones y la Subdirección de Atención a Quirófano y Medicina Crítica del Hospital regional de Alta Especialidad Ciudad Salud —el HRAECS-DH/DO/0285/2022— señala que el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE), dependiente de la Secretaría de Salud federal, entregó un contrato de adjudicación directa, para el “Servicio Integral de Traumatología y Ortopedia”, a la empresa KBN Medical S.A de C.V., especializada en servicios de consultoría científica y técnica.
En el contrato de adjudicación, el CRAE reconoce que es su obligación “proporcionar los servicios médico-quirúrgicos ambulatorios y hospitalarios de alta especialidad que determine su estatuto orgánico, así como aquellos que autorice la Junta de Gobierno, relacionados con la salud”.
Sin embargo, subrogó los servicios, por los que pagó siete millones 138 mil 867 pesos para cubrir el servicio entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del 2022.
Este contrato no está estipulado en el “Programa Anual Estimado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022”, que la institución presentó a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud apenas en marzo pasado, un mes antes de que se firmara el contrato con KBN Medical S.A de C.V.
Otro de los servicios que están subrogados, conforme al Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022, es el de la farmacia.
La subcontratación con terceros representará un gasto para el CRAE por 64 millones 682 mil 833 pesos.
El Centro Regional de Alta Especialidad es un conjunto de dos hospitales de tercer nivel —Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez y el Hospital Ciudad Salud en Tapachula—, considerados así por la calidad y especialidad de sus médicos; sin embargo, no cuenta con personal capacitado en las áreas de ortopedia y traumatología, por lo que se llegó a la decisión de subrogar esos servicios a una empresa privada.
Las caídas son, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o no intencionales en el mundo. Se calcula que, a causa de ellas, cada año mueren 424 mil personas.
Este tipo de lesiones predomina en los países de bajos y medianos ingresos; los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales; sin embargo, los niños son otro grupo de riesgo, pues en él cada año se producen 37.3 millones de caídas”, revela el estudio publicado por el Conacyt “Trauma, un problema de salud en México”. Conseguir una cita en el CRAE no es posible si no hay un médico de referencia y se cumple con un riguroso protocolo de ingreso; es decir, debe presentarse la hoja de referencia, identificación oficial vigente, acta de nacimiento y CURP, así como los estudios de imagenología que haya solicitado el médico o la institución tratante y el carnet de citas médicas. Los trámites son gratuitos.
En otro caso, el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, en el Estado de México, el cual pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) subrogó el servicio de “pruebas y análisis de laboratorio”, necesarios para la atención en ese centro.
Además, lo hizo mediante un procedimiento de invitación a tres proveedores, pero sólo uno se presentó: Estudios Clínicos DR. T.J. Oriard S.A de C.V, el cual obtuvo el contrato por un millón 244 mil 923 pesos. Ese contrato estuvo vigente del 20 de agosto del 2021 al 31 de diciembre de ese mismo año.
El 27 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, desde hace tiempo, había girado instrucciones a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que se encargara de limpiar las mafias que se habían “enquistado en el instituto”. Incluso, advirtió que algunos funcionarios habían sido amenazados por estos grupos que habían controlado los servicios.
Ayer, el Presidente se volvió a referir al tema: “Nos va a llevar todavía como unos tres meses, pero ya nos fijamos como meta el que ya no se estén renovando los contratos, se llaman de servicios integrales”.
Diputados exigen “cuentas claras” al Insabi y a UNOPS
Ante la negativa para proporcionar información sobre los medicamentos y demás insumos adquiridos a partir del acuerdo que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la UNOPS firmaron, diputados del PAN exigirán que se rindan cuentas claras y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intervenga.
La decisión fue anunciada, luego de que ayer el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, dio a conocer el fin del acuerdo por el que se contrataron los servicios del órgano internacional para iniciar la compra de medicamentos y material de curación para el Sistema de Salud y asegurar el abasto hasta 2024.
En conferencia de prensa, la diputada María Helena Pérez-Jaén sostuvo que al presentar solicitudes de información a instancias mexicanas y a la propia Unops para conocer el ejercicio de más de seis mil millones de dólares destinados al proyecto y detalles sobre cuántos medicamentos se han adquirido, ambas partes se han negado a otorgar los datos alegando desconocimiento de estos.
Según el acuerdo firmado en 2020, se indica que la UNOPS “partir de la fecha de celebración del presente acuerdo específico, se obliga en relación a la información reservada o confidencial que le sea proporcionada por el Insabi a no transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla a cualquier persona ajena al proyecto”.
Ante esto, la panista calificó la situación como “gravísima”, pues consideró que con esto se “conculca” el derecho al acceso a la información.
Por este motivo, junto al diputado Éctor Jaime Pérez anunció la presentación de un punto de acuerdo para que el titular de Insabi haga pública la información referente a los recursos entregados.
Además, pedirán la acción de la ASF, ya que “no van a recoger sus cosas y cerrar la puerta y ya me voy… todos estos recursos deberían estar perfectamente documentados y que cualquiera accediera a esta información.
Por su parte, el legislador destacó que el anuncio público se dio dos meses después de que el mismo instituto ya había roto relaciones con UNOPS.
“Después de decir que ahorraron tantos miles de millones de pesos, pues resulta que ya como chacha la echaron por la puerta de atrás a la UNOPS”, dijo.
