Los delitos cometidos por servidores públicos han registrado un aumento promedio de 9.6 por ciento en la mitad de las 32 entidades federativas, que a la par carecen de protocolos para indagar actos de corrupción.
Este aumento de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías locales contra funcionarios se observó al comparar la suma de enero a agosto de 2022 con el mismo periodo del año pasado, en el registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La tendencia al alza se identificó en los estados de Baja California (9.6 por ciento), Baja California Sur (21.9), Campeche (ocho mil 800), Coahuila (11.6), Ciudad de México (3.7), Guerrero (27.1), Hidalgo (44.1), Nayarit (200), Nuevo León (4.3), Puebla (17.5), Quintana Roo (0.7), San Luis Potosí (2.9), Sinaloa (0.8), Tamaulipas (5.2), Yucatán (180) y Zacatecas (21.9 por ciento).
De éstas, el incremento más abrupto se observa en el estado de Campeche, pues dentro del periodo señalado en 2021 no documentó ninguna carpeta abierta, mientras que en este año ya suman 88.
Estas mismas 16 entidades se encuentran inscritas en el listado de las 28 entidades donde las fiscalías no cuentan con un protocolo para indagar actos de corrupción, de acuerdo con el reporte Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la organización Tojil.
Por el contrario, el estudio de la organización sí identificó estos protocolos en las fiscalías de Querétaro y Sonora.
Para el primer caso, el número de carpetas abiertas por delitos cometidos por funcionarios públicos se ha mantenido en cero en los dos periodos comparados, mientras que en Sonora, la cifra ha disminuido 41.5 por ciento.
Instituciones académicas, expertos y entes internacionales definen a esta práctica como el abuso de poder público para obtener beneficios privados o personales.
Incluso la Interpol ha advertido que “la mundialización de la economía” ha hecho de la corrupción “un delito sin fronteras”, donde se “abona el terreno” para que se desarrollen actividades en relación con la delincuencia organizada, “ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos”.
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el mes pasado, la corrupción como uno de los problemas más importantes que aqueja a la población registró un incremento de 0.4 puntos porcentuales entre 2021 y este año, al pasar de 22.1 a 22.5 por ciento.
En cuanto a la evaluación sobre la labor de las autoridades, la encuesta mostró que 74.9 por ciento de la población ve a los policías de tránsito como los más corruptos, seguido de los jueces, con 67.3 por ciento; policías preventivos municipales, 66.8 por ciento, así como ministerios públicos y fiscalías estatales, con 64.7 por ciento.
En el estudio presentado por Imco se advierte que la falta de protocolos puede afectar el desempeño de servidores durante las audiencias y evitar la correcta resolución de los casos.
Entre otro resultados, se observa que de 29 mil 289 investigaciones que se iniciaron, 845 fueron judicializadas y únicamente 54 terminaron en sentencias condenatorias, las cuales fueron reportadas sólo en nueve fiscalías estatales.
En prisión, 9 exfuncionarios locales de Jalisco
Gerardo de la cruz, Fiscal Anticorrupción del estado, señaló que durante su gestión ya son nueve los funcionarios públicos que están en prisión preventiva y sólo uno de ellos ya recibió sentencia, sin embargo, hay otros dos que podrían hacerle compañía.
“Derivado de las investigaciones que tenemos en la Fiscalía hay en este momento nueve personas en prisión, ha habido más, pero de alguna manera han obtenido su libertad”, señaló en entrevista televisiva.
De exsecretarios, seis están siendo investigados, de los cuales cinco están vinculados a proceso y uno ha recibido sentencia de 9 años de prisión. De estos, solo dos, Antonio y Francisco “N”, están presos. De la Comisión Estatal del Agua sigue en la cárcel Felipe “N”; de Pensiones del Estado, Katya “N” en Penal Femenil y Fidel Armando “N” enfrenta prisión domiciliaria; del SIAPA hay dos detenidos por enriquecimiento ilícito y contratación indebida; y de la Policía de Tlajomulco hay dos elementos.
“Es un tema de lesiones y abuso de autoridad, policías que en una revisión de rutina le marcan el alto a un vehículo que no se detiene y le disparan y en ese supuesto quedó lesionada una persona menor de edad”, dijo.
