La organización civil Amnistía Internacional aseguró que, a un año de la adopción del Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos, preocupa profundamente que el Gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad pública.
En una carta dirigida al secretario Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y al canciller Marcelo Ebrard, el organismo señaló que la aprobación del traspaso de la Guardia Nacional al Ejército mexicano deja al país sin policía civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares.
"Dicha reforma contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia"Amnistía Internacional
En el marco de la reunión que celebrarán este 13 de octubre, el organismo detalló que las Fuerzas Armadas de México han cometido numerosas violaciones de derechos humanos en años recientes, generalmente sin rendir cuentas.
En tanto, dijo, el Gobierno de México asigna cada vez más papeles y recursos a las instituciones militares.
"México no está priorizando debidamente la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y confiables, aun cuando éstas representan el único camino sustentable hacia un mayor acceso a la seguridad y la justicia"Amnistía Internacional
Por otra parte, Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos prevenir y reducir el consumo abusivo de sustancias, en paralelo a limitar los daños asociados con la adicción; explorar alternativas al encarcelamiento para casos de abuso en el consumo de sustancias.
Asimismo, exhortó a promover los derechos humanos respondiendo a las necesidades de las víctimas y las comunidades; realizar investigaciones de homicidios de manera efectiva y consistente, así como profesionalizar los sistemas de impartición de justicia penal y aplicación de la ley.
Además, Amnistía Internacional también solicitó implementar mejores prácticas para combatir la violencia de género; mejorar el sistema de rendición de cuentas; y garantizar que los tribunales apoyen a las víctimas y preserven sus derechos humanos y civiles.
DGM