A tres años de la implementación de la prisión preventiva oficiosa con la ampliación de su aplicación de oficio, la población en los centros penitenciarios del país ha incrementado 13 por ciento.
Así lo identificó un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República que refiere que esta medida tampoco ha demostrado su efectividad para disminuir la incidencia delictiva.
El documento titulado “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, sostiene que, desde sus orígenes, la prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener la criminalidad.
Detalla que hasta agosto de 2022 había más de 229 mil personas recluidas en los centros penitenciarios del país, lo que significó un aumento de 13 por ciento respecto al año 2020.
Refirió que desde el año 2008 esta medida cautelar aplica para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros que, lejos de disminuir, aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país.
Señala que, entre 2020 y 2021, a partir de la reforma constitucional que amplió la aplicación de la prisión preventiva de oficio, aumentó el número de personas presas acusadas de cometer los delitos que se incorporaron en el artículo 19 constitucional.
No obstante, establece, esto no impidió que algunos de estos delitos aumentaran, como los feminicidios, que incrementaron 3.2 por ciento; el abuso sexual, 23 por ciento; la desaparición forzada, 13 por ciento, y los delitos electorales, 557 por ciento, en el contexto de los comicios del año pasado.
Por el contrario, según el análisis del IBD, otros delitos han disminuido sin que se les aplique la prisión automática, como el robo de vehículos, el cual entre diciembre de 2018 y agosto de 2022 disminuyó 40.4 por ciento, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El documento menciona que, por ejemplo, en el caso del robo de combustible, hubo un descenso de 94 por ciento, que precisa que obedece más a la estrategia contra el huachicol que implementó el Gobierno federal que a la implementación de la prisión preventiva oficiosa.
Ante estos resultados, el analista puntualiza que se deben considerar, además de las penas privativas de la libertad, diversas alternativas de intervención pública para disuadir y erradicar las conductas criminales.
DGM