Cerca de diez horas de debate no lograron generar cambios, hasta el cierre de esta edición, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, las cuales fueron aprobadas con 268 y 266 votos a favor, respectivamente, en la Cámara de Diputados.
Tras avalar la primera en lo general y lo particular, el pleno arrancó la discusión de la Ley de Ingresos, cuya aprobación se dio en lo general a las 21:29 horas, y posteriormente continuó el desahogo de al menos 444 reservas.
De los ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos que se espera captar el próximo año, cuatro billones 623.5 miles de millones de pesos (mmdp) corresponderían a impuestos; 470.8 mmdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 34.6 millones de pesos (mdp) a contribuciones de mejoras y 57.1 mmdp a derechos.
También, seis mil 543.6 mdp a productos; 173 mil 554.2 mdp a aprovechamientos; un billón 303 mil 977.5 mdp a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 487 mil 742.6 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones; y un billón 176 mil 173.8 mdp a producto de ingresos derivados de financiamientos.
El proyecto contempla que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3.0 por ciento, y se estima una plataforma de producción de petróleo crudo por un 1.8 millones de barriles diarios, con un precio estimado de 68.7 dólares por unidad.
El diputado del PAN Gerardo Peña aseveró que la Ley de Ingresos, que plantea un endeudamiento de 1.2 billones de pesos, deja ver con claridad que la economía nacional vive con “oxígeno artificial”.
“Alertamos a que valoren, razonen y consideren las reservas presentadas, que se active un urgente plan de alivio para la economía nacional”, expresó.
Durante la ronda de posicionamientos, el emecista Manuel Herrera señaló que México vive un estancamiento económico y la inflación más elevada en las últimas dos décadas, por lo que vaticinó que alcanzar las metas “será difícil”.
Por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya se lanzó contra el bloque de oposición, al decirle que “ojalá así hubieran alzado la voz cuando los exhibían por los ‘moches’, cuando Felipe Calderón aumentó el IVA bajo el sesudo argumento de que se incrementaría la recaudación, pero en lo oscurito le condonaba los impuestos a los millonarios”.
Un momento de tensión se generó durante la participación de la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, quien dijo a la oposición que tiene “semejante grado de estupidez”, al recordar a quienes “dejaron en la debacle económica” al país.
De inmediato, diputados del PAN se pusieron de pie para reclamar las palabras de la morenista, quien luego de que se le solicitara que terminara su participación por exceder el tiempo, dijo a la panista Noemí Luna, quien se encontraba en turno como presidenta: “¡Compórtese, compórtese institucionalmente!”.
Antes, con la aprobación de la Ley Federal de Derechos, se estableció que la recaudación por derechos mineros será destinada en 85 por ciento para las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ssa), entre otras; cinco por ciento a la Secretaría de Economía, para que se fortalezca el sector minero y control de esta práctica, mientras que el 10 por ciento restante se destinará al Gobierno federal, para los proyectos de infraestructura señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.
Entre otros puntos aprobados está que las personas extranjeras que soliciten visa de visitante sin permiso para trabajar no realizarán pago alguno, siempre y cuando se trate de causas humanitarias, sean consideradas víctimas o que acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en México.
También se apunta que los derechos obtenidos por concepto de pasaporte o documento de identidad y viaje se destinarán en 30 por ciento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para mejorar sus servicios y operaciones.
Durante la discusión, se aprobó una reserva para que este porcentaje se elevara a 40 por ciento; sin embargo, el morenista Leonel Godoy solicitó más tarde que ésta fuera votada por separado, por lo cual los legisladores reviraron y la desecharon.
La decisión fue tomada con la notable ausencia parlamentaria del PT, cuyos diputados se mantuvieron ausentes no sólo de la discusión, sino también de sus curules durante la mayor parte del debate, aunque emitieron sus votos a favor.
Al fijar postura, el perredista Marcelino Castañeda reclamó al bloque mayoritario que el dictamen fuera llevado a votación con inmediatez y que no se lograran cambios, pues acusó que las modificaciones a esta ley sólo tuvieron como fin tener ingresos “para cumplir los caprichos presidenciales”.
Tras ser aprobado en lo general y lo particular, el dictamen fue turnado al Senado de la República.
LRL