Venezolanos, agrupaciones de apoyo a migrantes y organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos advirtieron que los recientes acuerdos entre los gobiernos de ambos país colocan en una situación crítica a la comunidad venezolana.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, y acompañados por los senadores del Grupo Plural —Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero—, señalaron que la política migratoria actual en México afecta a las personas migrantes —especialmente a quienes son sujetas de protección internacional— al no contar con mecanismos claros, eficientes y accesibles para solicitar asilo, regular estancia y para el acceso a derechos como trabajo, salud, educación, entre otros.
“Estas situaciones, aunadas a la detención migratoria, la deportación y el traslado a otros estados del país, deja a las personas en indefensión, y vulnerables a ser víctimas de delitos como la extorsión y la trata de personas”, indicaron.
En un posicionamiento, demandaron a los gobiernos de los estados por donde pasan un mayor número de migrantes que establezcan un corredor humanitario para apoyarlos y al Instituto Nacional de Migración (INM) que garantice la entrega de visas humanitarias.
“(Que) se establezca un corredor humanitario en las principales entidades federativas donde se encuentre la mayor cantidad de población en referencia, atendiendo a las necesidades y dotados de comedores que brinden alimentación de calidad, baños y regaderas, espacios para un descanso digno, atención a la salud integral, ropa y espacios de reuniones donde las personas puedan socializar y se les brinde la asesoría necesaria, tanto con relación a cómo participar en el nuevo mecanismo impuesto para acceder a Estados Unidos, como de su derecho a solicitar asilo en México”, indicaron.
Subrayaron que el INM debe entregar las tarjetas de visitante por razones humanitarias para que los venezolanos que cruzan México puedan “tomar decisiones con la mente más clara y trabajar para ellos y sus familias, hecho éste que tiene un efecto positivo para el desarrollo del país. Las personas migrantes venezolanas no quieren dádivas, ni regalos, quieren trabajar, ayudar a sus familias a salir adelante y también contribuir al desarrollo de este país”.
Pidieron, además, que los senadores visiten los lugares en donde se encuentran las personas venezolanas, que les escuchen y observen las condiciones en las que viven con el fin de que puedan supervisar de manera periódica su situación.
Participaron representantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Servicio Jesuita a Refugiados, Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN), Alianza Américas, Save the Children y Casa de las Fuentes y personas migrantes venezolanas.
DGC
