El embarazo en niñas y adolescentes en México se ha convertido en un “preocupante” problema del que el Gobierno federal prendió ayer las alertas.
Aunque en el país se aplica una estrategia para bajar los casos, apenas se ha logrado disminuir 0.07 por ciento en los últimos dos años pues, según la Secretaría de Gobernación, se registran mil embarazos adolescentes e infantiles al día.
Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, advirtió que, en un año, el país ha registrado 373 mil 413 embarazos en ambos sectores, de los cuales 364 mil 537 se dieron en jóvenes de 15 a 19 años.
La cifra total es ligeramente menor a las 373 mil 661 que esta misma dependencia refirió en septiembre del 2021, con datos correspondientes al 2020.
De éstos, ocho mil 876 (24 diarios) corresponden a niñas entre 12 y 14 años, por lo que los 364 mil 785 restantes son de adolescentes a partir de 15 años.
Al presentar diversas estadísticas poblacionales y de políticas de atención, el funcionario subrayó que uno de los objetivos actuales es enfocarse en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea), al considerar que “los datos son muy preocupantes”.
La problemática no sólo implica el embarazo de las jóvenes y niñas mexicanas, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa), el número de casos de menores entre 10 y 19 años que han padecido alguna morbilidad materna extremadamente grave se incrementó 28.2 por ciento entre enero y hasta este 27 de octubre, en comparación con el periodo similar del 2021.
Y es que, según la Dirección General de Epidemiología, encargada de este registro, el año pasado se documentaron 126 casos de morbilidades en niñas de 10 a 14 años, mientras que este 2022 ya suman 164.
Asimismo, la cifra de adolescentes pasó de dos mil 513 a tres mil 220.
Juan Martín Pérez García, coordinador del proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, consideró que la persistencia de embarazos en menores de edad es un problema de salud pública, resultado de la desprotección que viven las menores, y a la ausencia de políticas públicas preventivas en poblaciones vulnerables.
En entrevista con La Razón, mencionó que esta problemática es el reflejo de “la cultura machista en la que nos vamos desarrollando”.
Un tercer factor es la impunidad “normalizada”, señaló, pues se ha documentado que gran parte de estos embarazos son producto de relaciones entre menores y un hombre mayor de edad, a pesar de que esto es un delito.
“La pregunta obvia es si realmente una niña de 15 años quiere embarazarse. ¿Puede desear, necesitar, así la educaron, que necesita tener una pareja? Tiene derecho a disfrutar su sexualidad, pero también a recibir servicios de salud sexual y reproductiva para que pueda hacerlo sin que lo pague con un embarazo.
“Es importante exigir que no abandonen la escuela, acercarles servicios de salud sexual y, sobre todo, ayudarles a tener redes de apoyo con otras mujeres que les den la oportunidad de mirar que hay más alternativas.
“No se trata de que no tengan pareja, sino que esto (un embarazo) tiene que ser el fin, no el medio para ser felices”, manifestó.
Este plan no es reciente; lleva aplicándose en el país desde enero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de reducir al 50 por ciento la tasa de fecundidad de las adolescentes para 2030 y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos.
Sin embargo, ambas metas están lejos de cumplirse; la primera, por registrar una baja mínima en las cifras absolutas y porque, con información de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Consejo Nacional de Población correspondiente al 2020, la tasa de fecundidad adolescente se mantuvo en 68.5 por ciento.
La situación es tal que en 2021, México ocupaba el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.
Para Juan Martín Pérez García, el problema es de salud pública en el que existe una responsabilidad compartida, no exclusiva del Gobierno, en la que la sociedad e instituciones tienen la obligación de priorizar el interés superior de la niñez y de que las menores tengan derecho a una vida libre de violencia sexual y a decidir sobre su futuro.
“Un gran reto por solventar”, señaló el coordinador de Tejiendo Redes.
