La fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para garantizar que la asignación de concesiones mineras, ubicadas comunidades indígenas y afromexicanas, debe contar con una consulta obligatoria hecha a estos grupos donde se demuestre que no se violentaron sus derechos.
Dicha propuesta fue turnada a las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y a la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para su análisis, fue presentada por el coordinador, Jorge Álvarez Máynez, quien consideró vital tomar en cuenta la opinión de estos grupos para que no sean vulnerados sus derechos.
La iniciativa de MC plantea reformas y adiciones a los artículos 6, 15, 19 y 42, presentó una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Minera; pide establecer que, en caso de que dentro de la superficie en la que se solicita la concesión se encuentre algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la Secretaría de Economía, previamente al otorgamiento de la concesión y a través de las autoridades correspondientes, deberá consultar a los pueblos o comunidades que se vean afectadas.
El diputado Jorge Álvarez dijo que mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, velando en todo momento por su derecho a la libre determinación, autonomía, desarrollo y a un medio ambiente sano para su bienestar.
Recordó que los derechos conferidos en las concesiones y asignaciones mineras estarán sujetos, de ser el caso, a los acuerdos que se establezcan con las comunidades o pueblos indígenas o afromexicanos involucrados.
Las concesiones y asignaciones mineras, abundó, podrían ser canceladas cuando se incumpla los acuerdos que pueden salir como parte de la información que entreguen esas comunidades, porque la Ley Minera no contempla el proceso de consulta para los pobladores, quienes en muchas ocasiones son los más afectados, dijo.
Es importante, consideró, conocer la opinión de esas comunidades porque “la potestad de expresar su consentimiento o lograr acuerdos, así como la obligación que tiene el Estado de consultar, se relacionan con sus derechos a la autonomía, libre determinación, participación política, preservación y fortalecimiento de sus culturas, lenguas e instituciones, mantener sus territorios, así como a la salud, educación y al desarrollo”.
Aseguró que este derecho está reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, implica que los pueblos indígenas tengan el conocimiento pleno respecto a la implementación de programas, proyectos, reformas o modificaciones legislativas, así como de cualquier acción que el Estado lleve a cabo y de las cuales puedan generar algún impacto negativo en sus valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.
La iniciativa, para opinión, considera que mientras la Ley Minera no regule estos aspectos fundamentales, se continuarán violentando los derechos humanos de los quejosos, ya que las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos mineros desconocen su derecho a participar en las decisiones administrativas y legislativas que les perjudican.
FBPT