El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) denunció que el delito de extorsión afecta significativamente a todos los sectores de la economía en el país, sin embargo, preocupa que las autoridades minimicen el problema bajo el argumento de que no hay denuncias por parte de la población, lo que se traduce en cien por ciento de impunidad.
Durante la presentación de la primera parte de la investigación: “La extorsión bajo el caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas”, el director del organismo, Francisco Rivas, detalló que las autoridades no sólo ignoran las secuelas de este delito, sino que renuncian a la generación de inteligencia para su inhibición.
“Es posible afirmar que el tipo penal y los recursos institucionales son insuficientes, al grado que las extorsiones han rebasado las capacidades del Estado y se ha generado el ciclo perfecto para que prive la impunidad y cifra negra en torno a este fenómeno”, destacó en conferencia virtual.
Lamentó que la extorsión se haya convertido en un delito esencial para entender al México contemporáneo en el ámbito económico, político y cultural: “Este ilícito se ha vuelto tan ubicuo y complejo que tratar de clasificarlo a partir de su medio comisivo no abona al diseño e implementación de políticas públicas”. Por ello, indicó, la extorsión florece “allí donde hay oportunidad pues los riesgos son mínimos y los beneficios, ilimitados”, destacó.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, en el país se cometieron 4 millones 910 mil 206 extorsiones en hogares; de ellos se denunciaron solamente 246 mil 138 casos y solo en 52.4 por ciento se inició una carpeta de investigación.
En 59.6 por ciento de las denuncias que derivaron en carpeta de investigación no se procedió, mientras que el 26.3 por ciento seguía en trámite. En 2.8 por ciento de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, y en apenas 0.3 por ciento de los casos se logró la recuperación de los bienes. En ninguno de los casos hubo reparación del daño.
Por otro lado, alrededor de 1.2 millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito. El más frecuente fue la extorsión (28.9 por ciento). Solamente en Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Querétaro la extorsión no es ni el primer ni el segundo delito más recurrente en las unidades económicas.
La investigación detalla que el marco jurídico en torno a la extorsión ignora las distintas afectaciones a la víctima directa y a la comunidad al simplificarlo como un mero delito patrimonial. Además, subraya que, en sus múltiples manifestaciones, ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo por la dimensión del problema sino los rasgos que ha adquirido.
El ONC detalló que los retos institucionales que existen para la atención de la extorsión van más allá de su denuncia, ya que se requieren resultados palpables para la población, no sólo para ciertos actores o sectores en específico. Aparte de que el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) es “marginal” en la investigación y procuración de justicia en casos de extorsión.
AM
