La consultora Integralia, encabezada por el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, advirtió que las iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados que reforman más de 450 artículos en cinco leyes, merman la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar elecciones con certeza y calidad.
En un análisis realizado señaló que, si bien es cierto hay margen de reducción burocrática del INE, la magnitud del mandato de la Reforma Electoral es excesivo y se debe realizar antes del 1 de agosto de 2023.
Dicha reducción implica el desmantelamiento del servicio de carrera del órgano autónomo e implicaría despedir al 85 por ciento de sus poco más de 2 mil 500 miembros. Además, la eficacia del Instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales se vería afectado.
Además, se debilita la figura del consejero presidente, se desaparece la Junta General Ejecutiva que es el brazo operativo del INE y a través del cual el consejero presidente garantiza la ejecución del mandato del Consejo General.
También se pierden atribuciones sustantivas, regulatorias, de fiscalización así como para señalar y sancionar faltas electorales en contra de partidos políticos y/o candidatos pues todo deberá interpretarse conforme “a estricto derecho”. La falta de sanciones generará impunidad y elecciones sin piso parejo.
Otros riesgos son que se debilita la autonomía presupuestaria del INE; se expande la capacidad propagandística de servidores públicos; se elimina la restricción temporal y geográfica para que los servidores públicos rindan sus informes de gobierno y se modifica la definición de "propaganda gubernamental" para atarla a ejercicio presupuestario, entre otros.
FBPT
