“Travesura” de minipartidos pasa; logran “vida eterna”

Plan B: Monreal vota en contra y el INE cierra filas para defenderse

Avalan con 69 votos a favor y 53 en contra primer paquete de Reforma Electoral; desahogan 1,244 reservas; líder de Jucopo presenta 300 y justifica postura contraria a su bancada; “lo único que quiero es que se respete la Constitución”, dice; árbitro anuncia vía jurídica para salvar autonomía y profesionalismo; partidos van por recursos ante Corte, TEPJF...

Plan B: Monreal vota en contra y el INE cierra filas para defenderse. Foto: Especial

En las reservas, se avaló incluir en el dictamen la transferencia de sufragios para darle “vida artificial” a los minipartidos y que las fuerzas políticas puedan hacer uso de los remanentes presupuestales.

Más de cuatro horas después de que se inició el debate sobre la legislación en materia electoral, se votó el dictamen, que incluye los cambios a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la creación de la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual fue avalado con 69 sufragios a favor y 53 en contra.

Sin embargo, se reservaron todos sus artículos y comenzó su discusión, con la reserva sobre la transferencia de votos y la posibilidad de que los partidos utilicen posteriormente sus remanentes, presentado, entre otros, por los senadores Israel Zamora, del Partido Verde, y Alejandro González, del PT, con el respaldo de las bancadas de la Cuarta Transformación.

En la argumentación en contra, el panista Damián Zepeda, señaló que este tema es uno de los más peligrosos y antidemocráticos del Plan B, porque previamente los partidos pequeños “chantajearon” a sus aliados en un convenio y se incurre en diversas violaciones a la Constitución.

Sin embargo, del mismo partido, Alejandro González Yáñez afirmó que no existe la transferencia de votos, precisamente por el convenio previo: “No es obligación, es democracia; cada partido decide si va en alianza”.

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, afirmó que en los hechos esto es “prostitución electoral, porque hay prerrogativas de por medio.

“Este es el pago de favores para que el PVEM y el PT voten por esta reforma; el propio Presidente (Andrés Manuel) López Obrador les dijo que era inconstitucional. Se llama pago de favores para darle respiración artificial al PVEM y al PT”, dijo.

El senador pevemista Israel Zamora aseguró que esta reserva para la transferencia de votos y el uso de los remanentes no fue una condición que impuso su partido para respaldar el Plan B de la Reforma Electoral: “Nosotros no la pusimos para condicionar nuestro voto en el dictamen, por eso votamos a favor antes”, declaró.

Molesto por el letrero que la senadora panista Xóchitl Gálvez tenía en su lugar cuando él estaba en la tribuna, en el que decía: “yo no pertenezco a la Luz del Mundo”, Zamora reprochó que “algunos compañeros” del PAN implementan el fascismo en México.

El debate por la transferencia de votos a la “chiquillada” también generó un enfrentamiento entre el senador César Cravioto y Emilio Álvarez Icaza, porque el morenista acusó de hipócrita al senador del Grupo Plural por ocupar un escaño después de utilizar el respaldo de un partido, a lo que Álvarez Icaza le respondió que sólo es un suplente.

Mientras Morena rechazó las reservas de la oposición, avaló las de las bancadas aliadas, por lo que también respaldó la presentada por Geovanna Bañuelos, del PT, para que “cada partido sea responsable del ejercicio libre de sus prerrogativas y presentará por sí mismo la comprobación correspondiente”.

También se ratificó en las reservas, a propuesta del senador Adolfo Gómez, de Morena, la obligatoriedad de la configuración paritaria en cada una de las cámaras del Congreso, así como las acciones afirmativas hacia los grupos vulnerables, pese a que la oposición advirtió que era discriminatorio y afectaba principalmente a las comunidades indígenas.

Pide respetar decisión

De Morena, quienes votaron en contra del dictamen fueron el coordinador Ricardo Monreal y el senador Rafael Espino, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que realizó en comisiones la dictaminación de las seis leyes.

Monreal Ávila señaló que nadie debe tomar a mal su decisión, porque es personal y no involucra a la bancada que encabeza, y subrayó que no puede compartir que la Constitución sea ignorada o burlada.

“Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario. Es un asunto que me lleva a asumirlo con responsabilidad, incluyendo los desenlaces y las consecuencias que de ello resulten”, declaró.

Monreal presentó un voto particular en el que se expresan las razones por las que, considera, se vulnera la Constitución con el dictamen sobre las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la creación de la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por ello, presentó alrededor de 300 reservas —fue un estimado de mil 200— e insistió en los 21 “bloques de inconstitucionalidad” que contiene el Plan B.

“No forcemos nuestro trabajo legislativo y provoquemos el surgimiento de una norma que, sin duda, lleve el destino de la impugnación jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para someterla al examen de su constitucionalidad”, expresó.

El bloque de contención trató de frenar el debate del Plan B con tres mociones de suspensión que presentaron desde el inicio de la sesión del miércoles, pero fueron rechazadas por la mayoría legislativa.

Además de votar en contra de los dictámenes, las bancadas opositoras en el Senado manifestaron su desacuerdo con el Plan B electoral de distintas formas, como la protesta de la senadora Xóchitl Gálvez, que entró al salón de plenos con una botarga de dinosaurio y con el letrero de “Jurassic Plan”.

También la panista Lilly Téllez acusó que el Plan B del Presidente de la República “es con ‘B’ de de burdo, porque legaliza el fraude electoral; con ‘B’ de bodrio, porque destruye la democracia; es con ‘B’ de burrada, porque va a despedir a los profesionales; es con ‘B’ de brutalidad, porque va a dejar al INE sin recursos para poder hacer trampa; es con ‘B’ de barbarie, porque Morena permite que el crimen organizado ponga y quite candidatos; es con ‘B’ de bribonada, porque es un fraude para robarse los votos; es con ‘B’ de boa, para engullir el padrón electoral; con ‘B’ de boicot contra la instalación de las casillas electorales”, manifestó.

Al cierre de esta edición, continuaba la revisión de las reservas correspondientes al primer dictamen del “plan B” y todavía estaba pendiente el debate y la votación en lo general y en lo particular del segundo dictamen, que contiene cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

INE anuncia defensa jurídica de autonomía

Con un cierre de filas de sus 11 consejeros en contra de la iniciativa presidencial de reforma legal en la materia, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que iniciará próximamente el proceso de defensa jurídica de su autonomía.

Para el INE, el Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Reforma Electoral “es preocupante” y su contenido debe revisarse.

En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los 11 integrantes del Consejo General del órgano electoral, se argumentó que la aprobación de una eventual reforma a las leyes “podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas”.

“A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma, al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”, reprochó Lorenzo Córdova, consejero presidente.

Advirtió sobre las “deficiencias” del análisis que pone en peligro la operación de los procesos electorales, por lo que anunció que el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la “autonomía y profesionalismo” del INE.

Córdova cuestionó el desarrollo del proceso legislativo, así como el contenido que se está discutiendo, y abordó seis puntos. Señaló que la reforma debe estar fundada en un amplio consenso entre actores políticos, para garantizar la legitimidad a partir del apego a la Constitución y leyes que rigen los procedimientos legislativos.

Subrayó que eliminar la estructura del INE sería reducir el servicio profesional, por lo que dicha medida pone en riesgo la atención de los módulos donde se tramita la credencial.

Córdova explicó que la iniciativa elimina la Junta General Ejecutiva, la cual sería sustituida por una comisión de cinco consejeros, “desnaturalizando” la función de dirección en tareas administrativas.

Aseguró que la reforma “plantea compactación de calendarios y alteración de procedimientos, como la selección de funcionarios de mesa directiva que reciben y cuentan los votos de sus vecinos, por lo que conlleva la afectación a procesos básicos que permiten acciones libres y auténticas”.

El consejero presidente aseveró que se podría presentar una controversia contra la Cámara de Diputados por no justificar el recorte presupuestal al órgano autónomo.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Córdova enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría determinar que se presente una “motivación reforzada” sobre los recortes presupuestales.

Bloque de contención respalda a trabajadores

El bloque de contención en el Senado precisó que la ruta jurídica que seguirá en contra del Plan B de la Reforma Electoral incluye el respaldo para que se amparen los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE).

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Parlamentario Plural, dijo que una vez que concluya el proceso legislativo con el apoyo de la mayoría legislativa y se publique en el Diario Oficial de la Federación, comenzará la defensa jurisdiccional.

Explicó que en el caso de los amparos son lo que impondrán los empleados del Servicio Profesional Electoral y también a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“En la vía de amparo, ahí hay dos vías, directamente, por ejemplo, las y los empleados del INE, del Servicio Profesional Electoral, se quiere despedir al 84 por ciento de la estructura. Ellos y ellas pueden acudir a esa vía, más los ciudadanos que consideren sus derechos políticos agraviados y sancionados, incluso puede haber también la ruta del TEPJF.

“Una parte de la discusión de hoy será hacer escuchar testimonios y voces de esas trabajadoras y trabajadores, porque es un atropello, es gente que lo que ha hecho es hacer cada vez mejores elecciones, cada vez se instalan más casillas en menor tiempo, con mejor rendimiento, para evitar incertidumbres y conflictos, y el premio que le da Morena y sus aliados es despedirlos”, aseveró.

En conferencia de prensa, en la que ciudadanos de distintas organizaciones se manifestaron en contra del Plan B, dijo que ya están preparando la acción de inconstitucionalidad.