El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señaló que las personas en prisión preventiva tienen el derecho de votar para renovar la Presidencia en 2024, pero advirtió que no existe una reglamentación ni un modelo para garantizar su participación.
A través del estudio “Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados”, elaborada por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón, refirió que, pese a que quedaron pendientes las modificaciones al Plan B de la reforma electoral sobre el voto de las personas en prisión preventiva, este derecho está vigente a partir de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Apuntó que, no obstante, no existe la reglamentación respectiva ni tampoco se ha definido el modelo que se aplicará para los próximos comicios federales.
El documento recordó que, en febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, y que este derecho deberá ser garantizado en las elecciones de 2024.
Indicó que, a partir de dicha sentencia, para el proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó una prueba piloto en cinco Centros Federales de Readaptación Social, y se alcanzó una participación del 94.53 por ciento de las personas privadas de la libertad.
Detalló que, derivado de la prueba piloto del INE, se concluyó que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención, que permitan implementar procedimientos electorales y generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas presas.
“El modelo de votación elaborado por el INE para el voto de las personas en prisión preventiva sólo reguló la prueba piloto para el proceso electoral federal 2020-2021. Empero, para las elecciones del año 2024 y subsecuentes, aún no se cuenta con un modelo de votación general o marco normativo para su elaboración”, observó.
Mencionó que, actualmente, países como Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
AM