A seis meses del crimen

Colectivos acusan impunidad en homicidio de sacerdotes jesuitas en Chihuahua

Organizaciones civiles, instituciones y colectivos señalan que las autoridades del estado no han dado avances en la investigación ni se ha capturado a José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”

Sacerdotes jesuitas celebrando una misa en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Ciudad de México, junto a las fotos de Javier Campos y Joaquín Mora, curas asesinados en Chihuahua Foto: Reuters

Organizaciones civiles, instituciones y colectivos denunciaron que a seis meses del homicidio de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua a la fecha el caso sigue impune, la paz no llega y el miedo se sigue extendiendo entre la población de las comunidades de la región.

En un comunicado, señalaron que otros problemas son la falta de una operación certera y una estrategia integral de seguridad que impida el regreso de las personas, y de los grupos generadores de violencia que se han apoderado del territorio.

Este 20 de diciembre de 2022, se cumplen seis meses de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Osvaldo Berrelleza, en la comunidad de Cerocahui del municipio de Urique en la Sierra Tarahumara.

Lo acontecido en Cerocahui es una muestra de lo que se sigue viviendo en el país ya que, de enero a octubre de este año, se han registrado 1 mil 710 asesinatos en el estado de Chihuahua y 26 mil 119 en el territorio nacional, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Los asesinatos y el intrincado acceso a la justicia por parte de las víctimas, son muestra de la impunidad, la inseguridad y la falta de garantías para el ejercicio más elemental de los derechos humanos en nuestro país"

Por lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades del estado para presentar avances concretos en la investigación, salvaguardar a los pueblos de la región, captura inmediata de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco” y a quienes resulten responsables de los asesinatos.

Además, solicitaron desintegrar las redes criminales que controlan la región, garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas.

Y urgieron a las autoridades federales garantizar la seguridad de quienes trabajan por la paz y la defensa de los derechos humanos de los pueblos; así como generar una estrategia capaz de atender y facilitar el acceso a la justicia de todas las víctimas de la violencia y la inseguridad en México.

DGM

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