El desbordamiento de la violencia familiar en 2022 no fue suficiente para que la atención al problema fuera prioridad para los legisladores, pues de 36 iniciativas presentadas este año ninguna prosperó, pues 32 fueron rezagadas, tres desechadas y una retirada.
Además, el principal objetivo de varias de las propuestas fue frenar aspiraciones políticas y no atender a víctimas o garantizar justicia en este delito.
Catorce de ellas, formuladas por Morena, PAN, PRI, PRD y PVEM, tuvieron un objetivo en común: que para poder aspirar, contender u ocupar un cargo público, una persona no deberá haber sido condenada o sancionada por este delito, así como otros en materia de género y faltas sexuales.
De éstas, cuatro corrieron a cargo de Morena; tres, de Acción Nacional y del Verde Ecologista, y dos del PRD, mientras que el PRI y PT elaboraron una cada uno.
Mediante reformas a la Constitución Política y a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica de la Administración Pública Federal y del Servicio Exterior Mexicano, se ha buscado frenar que agresores ocupen senadurías, diputaciones, gubernaturas y hasta la Cancillería y la Presidencia de la República.
Una de ellas, propuesta por la diputada morenista Julieta Kristal Vences Valencia, para ampliar el catálogo de requisitos de elegibilidad, mediante reformas al 55 y 82 constitucional, con el fin de coadyuvar a la erradicación de la violencia contra las mujeres y fortalecer la representatividad del sistema político mexicano.
“Toda persona gobernante o representante popular debe cumplir con ciertos principios éticos; particularmente, reafirmar que, como futuras autoridades, deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, razón por la cual no pueden o deben haber vulnerado derechos de las mujeres”, argumentó la diputada.
Sin embargo, esta iniciativa fue desechada el 6 de diciembre, al ser una de las incluidas en el dictamen de la Reforma Electoral elaborado por las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población, pero cuyo objetivo esencial no se contempló en el proyecto de decreto propuesto finalmente.
De las 36 iniciativas, sólo dos, promovidas por la senadora de Morena Rosa Elena Jiménez y la diputada del PAN Berenice Montes, apostaron por buscar que las personas agresoras reciban asistencia terapéutica, al reconocer que la erradicación de la violencia debe ser trabajada con todos los actores implicados.
“Es necesario un programa cuyo objeto sea impedir que los hombres que manifiestan agresividad como una pauta de conducta aprendida de dominación sobre la mujer, la repitan en cada nueva relación y eso determine la convivencia dentro o fuera de la pareja”, argumentó la panista.
Ocho proyectos más propusieron reformas para ahondar en lo que se considera o no violencia familiar y buscar estrategias en favor de las víctimas, mientras que ocho más abonaron en materia de violencia vicaria, cuya tipificación a nivel federal se encuentra pendiente.
Otras cuatro iniciativas propuestas por PAN, PVEM y PRD se decantaron por implementar medidas más punitivas, al sugerir asignar o elevar penas en prisión.