Hay 14% más reos a 3 años de prisión oficiosa

Atres años de haberse publicado la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos en materia de prisión preventiva, de diciembre de 2019 a noviembre de 2022, el número de personas que se encuentran en los centros de readaptación social federales y estatales aumentó 14.4 por ciento.

En diciembre del 2019 se contabilizaron 200 mil 936 reclusos. A partir de enero del 2019, la tendencia ha ido en aumento hasta noviembre de 2022, cuando la cifra alcanzó las 230 mil. Al término del 2019, el 37 por ciento de personas estaba en prisión preventiva. Para noviembre del 2022, ya ascendían a 40.2 por ciento.

Mientras tanto, de diciembre del 2019 a noviembre del 2022, las mujeres en prisión preventiva pasaron de 10 mil 301 a 10 mil 747, lo que significó un aumento del 4.32 por ciento.

Para el 2022 había ya 230 mil personas privadas de la libertad, de las cuales el 41 por ciento ha estado en prisión preventiva. Es decir, en promedio, 93 mil 227 personas han estado en la cárcel sin haber sido condenadas.

La reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos quedó aprobada en la Cámara de Diputados el 19 de febrero del 2019, en medio de tensiones entre Morena y bancadas de oposición. El 12 de abril de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, tras su aprobación en el Senado y en congresos estatales.

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta noviembre del año pasado, 200 mil 461 personas privadas de la libertad pertenecían al fuero común y 29 mil 539 al fuero federal, representando así el 87.16 por ciento y el 12.84 por ciento, respectivamente.

Entre las personas encarceladas predomina el sexo masculino, con 217 mil 085, mientras que 12 mil 915 son mujeres.

El último reporte señaló que hay una sobrepoblación de 12 mil 714 personas en los 284 centros penitenciarios, que equivale a 5.85 por ciento más personas de las que permite la capacidad del sistema penitenciario.

Javier Oliva, especialista y profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, indicó a La Razón que se deben adoptar medidas para que este problema no se agrave más con el pasar de los meses.

“Es muy lamentable, las autoridades son muy impermeables con cualquier académico, estudioso o analista que les señale las soluciones, ya que son tan obvias y evidentes que hay que estarlas reiterando. Tanto en este sexenio como en los anteriores, las autoridades no son permeables al hacer un balance autocrítico o ajustar con lo que están fallando”, refirió.

Aseguró que el sistema penal acusatorio tiene “muchos recovecos que son mal utilizados por ministerios públicos y jueces corruptos para que líderes delincuenciales, aun siendo detenidos en flagrancia, salgan en libertad por minucias o por informes policiales mal homologados o con otro tipo de procedimientos”.

Oliva comentó que al país le hace falta un liderazgo político e institucional para corregir las cosas de fondo.

“La diversificación criminal en condiciones dentro de la pandemia, donde crecieron los delitos vinculados a los aspectos cibernéticos, robo de información, ventas fraudulentas, asaltos informativos a computadoras personales, aquí la respuesta es (…) me parece que tenemos un país sobrerreglamentado, con resultados muy escasos o en la misma proporción; hay un número de leyes que no son eficientes al momento de aplicarlas”, dijo.

El especialista subrayó que el catálogo no hace más que reflejar la actividad criminal, ya que no es más que un resultado metodológico, y que sería mejor observar qué tan eficiente resulta la estructuración del sistema penal.

“Sabemos que tenemos un 98 por ciento de impunidad en los delitos denunciados y una parte mayor son de delitos que todavía no se denuncian, sobre todo la delincuencia común”, precisó Oliva.