El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que las reformas avaladas del Plan B en materia electoral no contribuyen a un debate equitativo y honesto, y ha permitido que los aspirantes presidenciables promuevan el voto incluso en momentos de graves tragedias sociales.
A través de un artículo que compartió en sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que las recientes reformas en la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin duda, contravienen lo dispuesto en el artículo 41 constitucional, relativo a la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas.
Señaló que este tema cobra relevancia en el contexto que se vive actualmente en México, porque el 2023 será un año complejo, por su carácter electoral y debido a la sucesión presidencial anticipada, con miras al 2024.
“Recientemente, algunas de las personas que están en la disputa presidencial y ejercen cargos públicos de primer nivel se han visto motivadas a participar en mítines y reuniones políticas, incitando así al voto ciudadano y descuidando el cumplimiento de sus funciones primordiales, en algunos casos, incluso en momentos complejos o de graves tragedias sociales”, señaló.
El también aspirante presidencial dijo que históricamente fue un logro que la propaganda gubernamental tuviera límites para el ejercicio público y que se evitara la promoción personalizada, ya que el fin primordial del servidor público es cumplir con sus funciones y facultades constitucionales y legales.
En su caso, apuntó, para la promoción electoral hay reglas definidas en tiempos cortos y establecidos en las campañas, bajo los criterios de equidad y legalidad, a los cuales debemos apegarnos quienes ejercemos funciones públicas.
“La propia Constitución esboza el concepto mesura, y lo hace extensivo a todas las personas del servicio público cuyas aspiraciones, si bien legítimas, no las eximen de cometer infracciones a alguna ley electoral que fue resultado de décadas de arduas luchas.
“Lo grave del caso es que ahora la reforma, con el ordenamiento secundario aprobado, corre el riesgo de volverse más laxa, lo cual sería muy grave y lamentable, ya que iría en detrimento de los avances democráticos alcanzados hasta el momento”, alertó.
Monreal aseveró que, por ello, la reforma deberá ser estudiada y revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confió en que coincidirá con su análisis.
DGC
