A punto de que el país alcance las 110 mil desapariciones, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, denunció que México no ha actuado con firmeza para combatir este delito, a pesar del avanzado marco legal con el que ya cuent,a y al que no le ha dado cumplimiento en su totalidad, porque persiste “desinformación e insensibilidad entre muchos funcionarios” mexicanos.
“A cinco años de la entrada en vigor de la ley general sobre desaparición de personas en México, el país aún no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas”, sostuvo.
Durante la conmemoración del primer lustro de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicada el 17 de noviembre del 2017, realizada en el Museo de Memoria y Tolerancia, dijo que una parte fundamental para dar respuesta a la problemática consiste en implementar todo el contenido de esta ley de manera efectiva y sin más demora.
Subrayó que la aprobación de la legislación ha sido uno de los grandes logros por, desde y para el movimiento que lideran las familias de personas desaparecidas, y que ha inspirado a otros países a revisar sus propios marcos jurídicos.
A cinco años de la entrada en vigor de la ley general sobre desaparición de personas en México, el país aún no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personasVolker Türk, Alto Comisionado de la ONU-DH
Sin embargo, a pesar de los “avances alentadores” que esto representó —como la creación de instituciones especializadas en la materia—, hace falta un reforzamiento para encontrar a las personas desaparecidas y erradicar la impunidad “casi absoluta” en estos delitos.
La implementación de las herramientas exigidas por la ley aún es insuficiente, dijo, pues todavía no se crea el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Programa Nacional de Exhumaciones, el Programa Nacional de Búsqueda y el reglamento de la ley.
“La desinformación y la insensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos, y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente”, dijo.
El Alto Comisionado también consideró que “la militarización de las funciones de seguridad y policiales siguen profundizándose”.
“Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en este país no son mercancías desechables que puedan desaparecer o sufrir daños sin que se respeten sus derechos”, externó.
Abundó que actualmente sólo se procesan entre dos y seis por ciento de los casos de desaparición y sólo se han logrado menos de 40 condenas.
Aunado a lo anterior, dijo, en los últimos cinco años se han sumado más de 45 mil desapariciones, y respecto a otras 17 mil, no se ha determinado el momento de desaparición.
En este contexto, llamó a las autoridades a sumarse a los esfuerzos y a que actúen con rapidez, pues el principio de participación conjunta, añadió, debe prevalecer.
En su mensaje, también manifestó respeto y admiración profunda por la valentía de las familias de víctimas de desaparición en México.
“Su movimiento, liderado en su mayoría por mujeres, y el infinito amor y fuerza que impulsan su labor, se han convertido en un ejemplo mundial de la lucha por los derechos humanos”, mencionó.
La magnitud de esta situación da cuenta de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, las desapariciones continúan ocurriendo a diario en México, reflejando un patrón crónico de impunidadCarmen Rosa Villa, Presidenta del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas
Manifestó que la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos internacionales especializados desean seguir ayudando a México, con énfasis en las autoridades comprometidas y las familias.
No obstante, Volker Türk se dijo complacido de los avances logrados en la implementación de las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.
Carmen Rosa Villa, presidenta del comité, comentó que pese a las “riquezas” que los avances en el país significan, el número de personas desaparecidas es “en extremo preocupante”.
“La magnitud de esta situación da cuenta de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, las desapariciones continúan ocurriendo a diario en México, reflejando un patrón crónico de impunidad”, dijo.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el corte de esta edición se contabilizaban 109 mil 956 reportes, de los cuales, 39 mil 480 se dieron desde el 1 de diciembre del 2018.
En lo que va de este 2023, cada día han desaparecido diez personas en promedio, pues hasta ayer ya se habían documentado 174 casos, en los que 96 víctimas son hombres, 77 mujeres y una más no se ha determinado el sexo.
Laura Curiel, de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, señaló que la ley fue producto de la insistencia de decenas de colectivos, pero que ahora, en su implementación por parte de las autoridades, carece de articulación.
Sin embargo, destacó algunos avances, como el ya contar con la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales, pero respecto a las cuales manifestó un reclamo, dado que dos de cada tres sólo funcionan con menos de diez personas.
Al panorama se suman los reclamos que activistas han manifestado reiteradamente en cuanto a los pendientes ante la crisis de identificación forense, la cual “sigue” y no hay algún avance, como publicó La Razón el 31 de diciembre pasado.
Un análisis hecho entonces a los datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación (Segob) permitió ver que, aunque hubo una baja de 16 por ciento en el número de desapariciones durante el 2022 respecto al 2021, el delito es 93 por ciento mayor en este sexenio que en el anterior.
Al evento de la ONU-DH de ayer acudió el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, quien reconoció que la ley “no ha podido implementarse con toda su fuerza”.
A pesar de los pendientes señalados, dijo que el énfasis de este año será fortalecer las acciones de búsqueda en vida mediante el uso de todas las bases de datos del Gobierno federal, para dar con algún indicio de alguna persona desaparecida; por ejemplo, el registro de vacunación contra Covid-19 o que tengan actividades comerciales.