El Estado mexicano acumula pendientes para hacer cumplir lo que en el papel prometió hace cinco años con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGMDF), mientras hay cientos de familias que se han visto orilladas a realizar labores que no les corresponden y que arriesgan su vida para dar con sus seres queridos.
Así lo consideró Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la UAM-Cuajimalpa, quien advirtió que en México se ha instaurado un sistema de mercantilización de la búsqueda de personas desaparecidas y que ha “normalizado y romantizado” a las madres buscadoras.
“Eso ha transitado a mensajes y narrativas de la sociedad civil, de la opinión pública, que vamos naturalizando que estas búsquedas debieran ser por ellas, cuando no es así. A ellas no les toca y están haciendo labores de prevención, se han adelantado al sufrimiento que tienen, para ayudar a otras familias y que es donde todos deberíamos estar cooperando”, precisó.
También señaló que mensajes como el del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitido el lunes, no tienen un peso real en la actuación de autoridades cuando éstas no acatan las recomendaciones, por lo que es necesario implementar llamados que se acompañen de ordenamientos jurídicos.
Que el país cuente con un marco legal para actuar debería ser un “aliciente”, señaló; sin embargo, hay una falta de coordinación interestatal e institucional que se refleja en la carencia de un plan nacional y regionales de búsqueda.
“La macrocriminalidad que posibilita esto no está circunscrita a los límites territoriales de un estado. Se mueven por todo el país, operan de manera regional. Hay un poder económico, un poder político, uno criminal, que implementa las desapariciones y que tiene que ser atendido en funciones de contexto específico”, argumentó.
Advirtió que el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) debería acompañarse de los consejos ciudadanos estatales y el nacional, pero aunque éstos se han instalado, su participación ha sido reducida a actos protocolarios.
Este lunes, el Consejo Nacional Ciudadano del SNB reclamó que, a cinco años de la aplicación de la LGMDF, “son muchas más las deudas y omisiones” por parte de los tres Poderes de la Unión y que existe un rezago para la armonización legislativa que atienda la problemática en 11 estados, así como la falta de instalación de los consejos ciudadanos en 16 entidades federativas.
“Esto nos habla de la falta de interés de los gobiernos locales de todos los partidos por un tema tan sensible y de un desprecio hacia la participación de la ciudadanía y los requerimientos y acciones de búsqueda que las propias familias tienen que desarrollar en los estados, aun a costa de arriesgar y perder sus propias vidas”, reclamó el Consejo.
Durante el año del 2022, cuatro madres buscadoras fueron asesinadas: Ana Luisa Garduño, Blanca Esmeralda Gallardo, Rosario Rodríguez y María del Carmen Vázquez.
“Son las familias las que deben ser tomadas en cuenta en cada propuesta que se haga desde el propio Estado. Se debe garantizar la seguridad de las personas buscadoras”, concluyó Édgar Chávez.
