El Plan B de Reforma Electoral ya acumula cinco acciones de inconstitucionalidad, luego de que ayer diputados y senadores de la alianza Va por México presentaron, por separado, dos recursos legales más ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del proyecto que impulsaron las bancadas de Morena y sus aliados.
Los legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural en el Senado, demandaron la invalidez de las modificaciones hechas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que conforman el primero de dos paquetes del plan que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y ya se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Los senadores argumentaron que la reforma viola la veda legislativa al promulgarse una ley en materia electoral sin respetar el plazo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales, ya que actualmente se encuentran en curso los comicios en el Estado de México y en Coahuila.
Diputados opinaron que no es sólo un “atropello a principios y disposiciones constitucionales”, sino también contraviene al federalismo, la libertad hacendaria de los municipios, por impedir que decidan sobre su presupuesto en materia electoral.
El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, aseguró que la reforma exhibe violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
El priista insistió en que durante la aprobación del Plan B se impidió que los diversos partidos analizaran y debatieran sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
El coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, señaló que el recurso fue presentado en defensa de las instituciones “que tantos años nos ha costado construir” así como “en contra del autoritarismo del Presidente y funcionarios de su partido”.
Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara baja, advirtió que las reformas podrían derivar en un conflicto postelectoral, por haber sido presentadas con cercanía a las elecciones que se llevarán a cabo este año.
Por ello, el perredista exhortó a la Suprema Corte dar trámite “a la mayor brevedad” a estas acciones de inconstitucionalidad, “toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024”.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, dijo.
Éstas se tratan de la cuarta y quinta acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Electoral, luego de que el pasado lunes el PAN, PRI y PRD presentaron por separado, y en calidad de partidos políticos, tres recursos del mismo tipo ante el máximo tribunal del país.
DAN
