El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará, a principios de febrero, una acción de inconstitucionalidad sobre las leyes del Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dentro de los puntos del Plan B que el INE considera ponen en riesgo la operación y estructura del Instituto, los derechos laborales del personal, la libertad de expresión y la democracia se encuentran:
- La eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED), que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo, en todo el territorio nacional.
- La reducción de la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales, recortando 262 plazas.
- La afectación, de forma directa, a la actualización del Padrón Electoral y la cartografía electoral.
- Se plantea que los Módulos de Atención Ciudadana se instalen preferentemente en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud; donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan proteger datos personales.
- Suprime la Junta General Ejecutiva del INE, para ser sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales, lo que es contrario a la Constitución.
- La desaparición de las Juntas Ejecutivas Distritales y la afectación a la estructura de las Juntas Ejecutivas Locales, lo que implicará una reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional equivalente al 84.6 por ciento.
- El retraso en el inicio del Proceso Electoral Federal, posponiéndolo a la tercera semana de noviembre del año previo de la elección.
- La afectación del modelo de fiscalización.
- La vulneración de datos de particulares protegidos por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. La reforma busca que la información que obre en poder del Instituto se comparta con los partidos políticos.
- El retroceso en la progresividad de los derechos políticos, principalmente en cuanto a las acciones afirmativas y la paridad.
- Permite la injerencia de los servidores públicos en las campañas.
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