La Industria Eléctrica en México y el acceso a la Energía eléctrica como derecho humano, es el nombre del libro, editado por Porrúa y que Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó para exponer algunas de las problemáticas que durante años se han presentado en este sector y como es que el Estado tiene la obligación de protegerlo, promoverlo, respetarlo y garantizarlo.
Con la presencia del Dr.Christian Courtis, funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la maestra Jimena Viveros Álvarez, quien es coautora del libro y secretaria de Estudio y Cuenta, el área de murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue testigo de una ponencia en donde se abordó el eje medular de este libro que pretende visibilizar el panorama actual de la industria eléctrica mexicana, en la que siempre se ha destacado el concepto de soberanía energética.
En el texto se refleja cómo, a la luz de la reforma hecha en el 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, la doctora Loretta Ortiz Ahlf y la maestra Jimena Sofía Viveros Álvarez, ambas expertas en derecho internacional y derechos humanos, reflexionan sobre la industria eléctrica en México y el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano.
En la presentación se habló de cómo es que desde el nacimiento de la electricidad como motor de desarrollo hasta la fecha, hemos observado la industria eléctrica en su consolidación como un elemento indispensable en la vida de las personas, en el cual “es innegable que el acceso a la energía eléctrica ha cristalizado en un derecho humano autónomo, por lo que el Estado tiene la obligación de protegerlo, promoverlo, respetarlo y garantizarlo”, dijo la ministra.
Ortiz comenta que en consecuencia, su tratamiento debe estar acorde con su naturaleza, propia de los derechos sociales. “Esta obra ofrece un panorama de la industria eléctrica mexicana, desde la perspectiva de los derechos humanos, que delimita el alcance del derecho al acceso a la energía eléctrica, precisa las obligaciones del Estado para su pleno goce, puntualiza su relación con otros derechos fundamentales, pondera su impacto diferenciado en grupos vulnerables y plantea las implicaciones de la participación del sector privado atinentes a la garantía de dicho derecho”.
Asimismo, el libro hace una propuesta de análisis jurídico e interpretación del marco constitucional y convencional que rige actualmente a la industria eléctrica en el país, en la que destaca el concepto de soberanía energética y la evaluación conforme a tal parámetro de la reforma hecha en el 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Las autoras comparten la convicción de adoptar un enfoque que aumente la protección del derecho humano al acceso a la energía eléctrica, del cual gozan todas las personas.
Ortiz Ahlf sigue refrendando su compromiso de "abogar por la adopción de criterios garantistas y protectores que den primacía a las normas que mejor amparen a las personas".
DGC
