Frente al avance del crimen organizado, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la creación de una ley para que la vigilancia del espacio aéreo mexicano esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los legisladores avalaron, en lo general y lo particular, y sin modificaciones, el dictamen por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue considerada por la oposición como un acto para “militarizar hasta el cielo”.
Con el proyecto, que recibió en lo general 263 votos a favor, 26 en contra de Movimiento Ciudadano y 195 abstenciones de PAN, PRI y PRD y en lo particular 261 votos a favor, 26 en contra y 198 abstenciones, se otorga a la Sedena el control del espacio aéreo mexicano y la regulación de las operaciones que ocurren en el mismo, para “aprovechar” su capacidad estratégica en tiempos de paz y “disuadir amenazas que vulneren la seguridad nacional”.
Para sostener su propuesta, el titular del Ejecutivo federal afirmó que el crimen organizado utiliza la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo nacional para cometer actos ilícitos, “aprovechando vacíos jurídicos o administrativos”.
Aunque en el dictamen reconoció que las autoridades mexicanas ya tienen facultades para actuar ante estos escenarios, resaltó que el marco jurídico vigente dificulta la aplicación de sanciones a tripulantes y propietarios de aeronaves.
Por ello, sugirió que el Estado mexicano tenga dominio pleno de los cielos mexicanos, mediante facultades para distintas dependencias.
Para esto se creará el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, para desempeñar diversas funciones.
El mandatario argumentó que el avance de la ciencia ha multiplicado los retos de seguridad de las naciones, por lo que estimó necesario contar con instrumentos “efectivos de control y vigilancia que eviten, resistan o sancionen actos que pongan en peligro la integridad de las personas, infraestructura y bienes” que atentan contra la seguridad de la nación.
Aunado a esto, señala, los estados americanos se enfrentan a “amenazas emergentes”, como la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, que para evitar el seguimiento de autoridades presentan documentación apócrifa o realizan prácticas aéreas ilícitas, como desviar sus rutas y emplear las aeronaves para el trasiego de drogas, armas, entre otros.
Reconoció que el ingreso de 118 toneladas de cocaína vía aérea que el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos identificó en 2019 generó presión política internacional para México, por los daños a la seguridad y salud que presupone.
Licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación en pistas clandestinas, funcionarios que facilitan vuelos ilícitos, son algunas de las irregularidades que la Sedena ha identificado en la aviación privada, argumentó.
Asimismo, señala en el documento que la delincuencia organizada utiliza la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo nacional para cometer ilícitos, valiéndose de los vacíos jurídicos en la materia.
Entre éstas se enuncian deficiencias de mando, falta de protocolos por la carencia de competencias jurídicas y procesos administrativos que impiden la actuación oportuna y expedita de las autoridades.
No obstante, subraya que la motivación de la iniciativa recae en identificar los factores a erradicar en la propia Administración Pública Federal y que deriva en la permisividad de actos de corrupción.
“Las funciones descritas ponen en riesgo la seguridad de la aviación civil, pues permiten la circulación de vuelos clandestinos, aeronaves sin mantenimiento y tripulaciones sin calificación para pilotear, principales causas de accidentes aéreos”, detalla.
Aunque reconoce que las autoridades mexicanas ya tienen facultades para actuar ante estos escenarios, resalta que el marco jurídico vigente dificulta la aplicación de sanciones a tripulantes y propietarios de aeronaves que utilizan el territorio nacional irregularmente, por lo que no se inhibe la vulneración de la seguridad aérea y pone en peligro la vida de millones de personas que a diario usan los servicios de aviación civil.
Por ello, propuso con la iniciativa que el Estado mexicano tenga dominio pleno de los cielos mexicanos y “aprovechar la capacidad estratégica de la Sedena” para canalizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos para “disuadir amenazas que vulneren la seguridad nacional”.
Para esto se creará el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Su fin será inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas, mediante la coordinación de las secretarías de la Defensa; Marina; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana; Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.
También se crea el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.
A pesar de que el proyecto fue discutido en las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional, la oposición acusó a la mayoría parlamentaria de haberse acostumbrado a “legislar al vapor” por no considerar someter el proyecto a un análisis con expertos en la materia.
La reforma se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
