El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que el aumento de multas por injurias al presidente no pasará al pleno mientras la alianza Juntos Haremos Historia sea mayoría legislativa.
El morenista explicó que la iniciativa que ayer se aprobó en la Comisión de Gobernación y Población no forma parte de la agenda de su bancada, por lo que su aval solo representó un “trámite legislativo”.
“La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al Pleno mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo”, escribió en redes sociales.
Durante la sesión de esta comisión, presidida por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se aprobó con 20 votos a favor y nueve en contra el dictamen sobre la iniciativa presentada en febrero del año pasado por la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández.
En su proyecto se propone reformar los artículos 10, 13, 16, 20, 32 y 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para aumentar las multas económicas ante faltas cometidas en la materia.
En este último, se sancionan los ataques al orden o la paz pública, y se puntualiza que cuando se trate de injurias al Presidente de la República, habrá multa de cien a mil pesos, la cual se elevaría más allá de los cuatro mil pesos con la reforma.
La reforma se planteó aún cuando fue en la propia Cámara de Diputados donde aprobó en 2020 la abrogación de esta ley, a propuesta de integrantes de la misma bancada guinda: Rocío Barrera y Jaime Humberto Pérez Bernabé, quienes la consideraron anacrónica y obsoleta.
La minuta fue remitida a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República en noviembre de 2020, fecha desde la que permanece pendiente, según la Gaceta de la Cámara alta.
Luego de la aprobación en la comisión de Gobernación en San Lázaro, este miércoles la organización Artículo 19 conminó al Congreso de la Unión abrogar todo el ordenamiento y abstenerse de aprobar reformas que profundicen “su talante criminalizante”.
“Estas reformas tienen un impacto sumamente negativo en la libertad de expresión en México, ya que pretenden reactivar una ley que debería estar abrogada desde hace mucho tiempo”, advirtió la organización.
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