El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseveró que a pesar de que el argumento de Morena para promover el Plan B de Reforma Electoral era el ahorro de recursos, su implementación considera costos por hasta tres mil 500 millones de pesos.
Luego de que el Senado concretó el proceso legislativo sobre los cambios en materia electoral, que incluyen el despido del 84.6 por ciento del personal del INE, el presidente del órgano advirtió que su puesta en marcha podría generar condiciones para anular las elecciones federales de 2024.
Córdova participó en el seminario “¿Cómo iremos al 2024 con las nuevas reformas? Escenarios bajo el nuevo marco electoral", del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde señaló que tan sólo con la liquidación del personal del órgano electoral que establece el Plan B, se requerirán tres mil 500 millones de pesos.
Explicó que los cambios aprobados por el Congreso se pondrán en marcha a partir de la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en cumplimiento con la ley.
Mencionó que desde el poder se han buscado diferentes pretextos para perseguir a los consejeros electorales, por lo que la implementación de esta reforma servirá de pretexto para que haya más “persecución y hostigamiento”.
Córdova recordó que, entre los ajustes inmediatos que plantea el Plan B, se encuentra la destitución inmediata del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, disposición que, aseguró, también se cumplirá e, incluso, señaló que revisan la posibilidad de que se forme una comisión para la aplicación de la reforma.
“No vamos a darle gusto a quienes están esperando que nosotros incumplamos la ley. Le dejamos la prerrogativa y el monopolio de la violación de las leyes a otros. El INE no va a ser igual, no somos iguales”, declaró.
No obstante, el consejero presidente señaló que el órgano electoral nuevamente hará uso de sus facultades constitucionales para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En ejercicio de sus atribuciones constitucionales lo vamos a llevar ante la Suprema Corte de Justicia en una segunda controversia constitucional", apuntó.
Dijo que después de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no cumplieron con responsabilidad, alguien tiene que hacerlo.
AM
