T ras la advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre un posible riesgo democrático derivado de la Reforma Electoral en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rebatió esta opinión, al señalar que los colaboradores de Joe Biden insisten en su política de “sentirse el gobierno del mundo”; agregó que “son buenos para ver la paja en el ojo ajeno” y sostuvo que hay más democracia en México que en su país.
En conferencia, el mandatario mexicano respondió al Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken, luego de la opinión que ofreció el lunes el vocero de esa instancia, Ned Price, sobre la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y los presuntos riesgos para la democracia que supondría el Plan B de la enmienda electoral.
“¿Qué le digo, con todo respeto, al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos y que, en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, en donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo, y que le hagan caso al presidente Biden”, demandó.
El Presidente aclaró que confía en el presidente Joe Biden, a quien considera una buena persona, pero sus colaboradores, dijo, mantienen la misma política “de hace dos siglos, la política Monroe, de sentirse el gobierno del mundo”, y no son capaces de ver la colusión que hubo entre el gobierno de México y los criminales, como en el caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, y ese caso los perjudicó hasta a ellos, pues la guerra que inició el expresidente Felipe Calderón contra el narcotráfico provocó incluso que su país se inundara de droga.
¿En Estados Unidos no saben de los fraudes electorales en México? ¿No saben? ¿No saben quiénes son? ¿No saben que (Francisco) Labastida (excandidato presidencial del PRI) recibió dinero de Pemex para su campaña? ¿No saben que (Vicente) Fox apoyó el fraude electoral del 2006? ¿No lo saben? ¿No saben que Calderón se impuso mediante el fraude y para legitimarse declaró la guerra contra el narcotráfico, utilizando a García Luna y causando un tremendo daño al país, inclusive a Estados Unidos? Porque por esa decisión de imponer a Calderón se intensificó el narcotráfico y se inundó de droga a Estados Unidos. ¿No lo saben ellos? Son muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, criticó.
El Jefe del Ejecutivo señaló que el Departamento de Estado estadounidense advierte que la democracia en México está en riesgo, “por una ley secundaria, ¡dan pena ajena; es ridículo. Ojalá y leyeran lo que contiene la ley electoral, ojalá!”, enfatizó López Obrador.
Agregó que si revisan su propuesta, encontrarán que busca reducir el costo de las elecciones, evitar duplicidad de funciones y evitar que unos cuantos sigan decidiendo en México.
“¿Qué es lo que contiene la ley electoral, en esencia? Que no haya funcionarios públicos que ganen el doble de lo que gana el Presidente de México (...) es una ley para aminorar la participación tendenciosa de un aparato que siempre ha estado controlado por la oligarquía, un aparato antidemocrático que han utilizado para llevar a cabo fraudes electorales”, explicó.
Humphrey: listos para controvertir el Plan B
El Instituto Nacional Electoral (INE) alista una controversia constitucional para impugnar la segunda parte del Plan B que avaló el Congreso de la Unión, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y considera la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda suspender su aplicación.
En entrevista, la consejera electoral Carla Humphrey —quien aspira a la presidencia del Consejo General, en relevo del consejero presidente Lorenzo Córdova— explicó que el órgano electoral está preparado para controvertir, ante el máximo tribunal del país, las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Humphrey señaló que, una vez que la enmienda sea publicada en el DOF, se procederá a la presentación del recurso, aunque, al igual que en la controversia anterior, cuentan con un plazo de hasta 30 días para poder proceder.
Dijo que, por separado, se le dio una instrucción al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, para que presente una controversia constitucional por las implicaciones de la reforma, la cual también se hará en dos partes: la primera, correspondiente a lo que en principio se aprobó del Plan B, y la segunda será a las otras cuatro disposiciones legales que, posteriormente, fueron avaladas por las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Explicó que, con independencia de lo que ya han explicado los consejeros electorales en varias oportunidades sobre el impacto que la reforma tendrá en el servicio profesional electoral y los efectos negativos hacia el personal que labora en el instituto, lo que se debe considerar es que el Plan B tiene elementos inconstitucionales e ilegales.
Sin embargo, también recordó que no sólo es el INE el que impugnó y controvertirá estas reformas, por lo que la SCJN tiene un paquete de recursos en contra de la Reforma Electoral.
Apuntó que son 90 días antes del inicio del proceso electoral cuando, por criterio constitucional, el máximo tribunal del país podría resolver, por lo que estimó que esto abriría la puerta para que la Corte quizá no resuelva, sino que otorgue una suspensión provisional al Plan B.
“Quizá la decisión de la Suprema Corte va a ser si otorga una suspensión provisional, lo que quiere decir que tenemos que seguir operando con el marco legal todavía en vigor, porque hay que recordar que hay otro plazo encima, el del artículo 105 constitucional, que impide que haya modificaciones sustanciales a las normas 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Eso, ¿qué quiere decir? Que, si la Corte suspende y no resuelve antes de esa fecha, entonces nuestro proceso electoral iniciaría en septiembre y no en noviembre”, explicó.
Apuntó que fue el ministro, Alberto Pérez Dayán, quien ya determinó la suspensión para la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que venía en el primer paquete del Plan B de la Reforma Electoral.
“No podrán tener impacto en el proceso electoral de Coahuila y el Estado de México, porque se aprobaron en tiempo de veda y los procesos electorales empezaron la primera semana de enero.
“Entonces, estaríamos ante un supuesto parecido ante el inicio del proceso presidencial”, indicó.
Oposición analiza los plazos para presentar querellas
Partidos de oposición alistan acciones de inconstitucionalidad en contra del Plan B de la Reforma Electoral, una vez que el Gobierno federal publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la norma aprobada en el Senado.
El representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, explicó a La Razón que, antes de interponer una acción de inconstitucionalidad, están realizando reuniones con organizaciones de la sociedad civil para enriquecer la acción, situación en la que ya se encuentran en la recta final.
El perredista dijo que presentarán el recurso legal diez días después de que sea publicado en el DOF, y que aún se encuentran creando la misma.
“Una vez que se publique en el DOF, nos tomamos diez días para interponer la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la estamos enriqueciendo con diversas organizaciones civiles y grupos feministas como cincuenta más uno”, detalló.
También señaló que también se encuentran a la espera de que los trabajadores del INE interpongan sus amparos, ya que el Plan B también es un tema de violación laboral, por la cantidad de despidos que se prevén.
Al respecto, el coordinador jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, apuntó que ya se encuentran muy avanzados en la construcción de la acción de inconstitucionalidad, y será en la tercera semana que se publique cuando la presenten.
“Tenemos 30 días naturales para presentar la acción, una vez que se publique. La Corte tiene una enorme responsabilidad y nosotros el reto de hacer una buena defensa, para revertir este Plan B, pues hay muchos elementos invasivos que violan la Constitución”, aseveró.
El panista mencionó que no van a sacrificar velocidad por capacidad y por ello están ajustando de manera puntual la acción y ya se encuentran en el afinamiento para tenerla lista.
“Lo primero es la violación al proceso legislativo; ese es de los puntos centrales, ya que no respetaron la vía legal. Nosotros pensamos que se puede revertir entre 60 y 80 por ciento de la Reforma en caso de que se gane, pero estamos muy convencidos de que va a pasar, sólo hay que hacerlo muy puntualmente”, enfatizó.
Van por dar paso a quejas de ciudadanos contra ley
El Senador del Grupo Plural e integrante de Sí por México, Emilio Álvarez Icaza, adelantó que en la ruta jurídica que seguirán en contra del denominado Plan B de la Reforma Electoral, se encuentran cuatro vías, entre ellas, abrir la posibilidad de que la ciudadanía pueda interponer recursos contra esta modificación.
“Hemos estado en la discusión de cómo seguir y la primera ruta tiene que ver con el combate jurídico que tiene tres pistas: vamos a interponer acciones de constitucionalidad; en segundo orden, controversias, y en tercer orden, convocar a congresistas estatales o municipios que sientan sus facultades invadidas y quizá haya hasta una cuarta, que se trata de esperar que haya solicitudes de amparo en conjunto”, puntualizó Álvarez Icaza.
El también asesor de las asociaciones Sí por México y UNID@S indicó en entrevista con La Razón que están promoviendo un documento bajo la figura amicus curiae, que tiene como objetivo abrir la posibilidad a terceros, en este caso la ciudadanía, que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución de éste tema, mediante la cual se aportarían elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento de que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La participación ciudadana está siendo muy importante, en Sí por México ya hay casi cerca de medio millón de adherentes y justo estamos por replicar una jornada nacional de información donde invitaremos a los votantes a que participen de ámbitos jurídicos, más allá de organizaciones de mujeres, pueblos indígenas o afrodescendientes, que tienen la personalidad de promover amparos, independiente de lo que hagan los empleados del Instituto Nacional Electoral (INE), sumar las voces de quienes no quieren que el Plan B ocurra”, añadió.
Asimismo, el legislador exigió al Gobierno y a los seguidores de Morena no crear una confusión entre los ciudadanos, y no mezclar el caso del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del expresidente, Felipe Calderón, Genaro García Luna, con el voto y la autonomía de las instituciones, como lo es el INE.
Firma de Creel atora publicación de Plan B en DOF
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pidió, respetuosamente, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, que firme el Plan B para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pueda ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.
Explicó que desde que el miércoles de la semana pasada la Cámara alta lo aprobó y lo envió a San Lázaro, el panista todavía no lo ha firmado ni cuenta con la rúbrica de la secretaría de la Cámara baja.
El también coordinador de Morena en el Senado indicó que lo más conveniente es que se firme y se publique el Plan B, para que una vez que entre en vigor los partidos, la minoría legislativa o el bloque de contención pueda interponer los recursos o acciones de inconstitucionalidad que consideren.
Al ser cuestionado sobre la petición de Mario Delgado, líder nacional de Morena, para que el INE le cancele el registro como partido al PAN, señaló que no tiene elementos para respaldar la solicitud. “No me parece vinculante, no lo sé, ellos tendrán que desahogar pruebas en la instancia correspondiente del INE”, declaró.
Retraso, por error en aval, dice diputado
Más errores de técnica jurídica y constitucional fueron identificados en la aprobación que el Senado hizo del Plan B de Reforma Electoral, dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
En conferencia de prensa explicó que estos errores ameritaron que se tuviera que convocar a una reunión con los coordinadores de las bancadas y fue por ello que se retrasó la firma de la minuta para que pudiera ser enviada al Presidente y así él pueda publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esto, el legislador descartó que la demora fuera un intento de su parte por frenar la entrada en vigor de la Reforma, como se sugirió luego de las declaraciones que el senador Ricardo Monreal hizo.
“Ellos (los senadores) nada más tenían que eliminar la cláusula de la vida eterna y nos elimina todo lo demás, entonces, como ya no se puede volver a discutir, sino hasta el siguiente periodo, nos quedamos sin esta parte. Todo mundo ya entendió el problema del error de técnica jurídica-constitucional y resolví como presidente de la Mesa Directiva que yo no podía ya detener más esta situación”, dijo.
Creel sostuvo que lo ocurrido no fue menor, pero sí “muy atípico”, aunque consideró que pudo ser un error involuntario, pero que de cualquier forma requirió una revisión detallada que llevó tiempo.
Sobre el comentario hecho por el senador Ricardo Monreal, quien lo responsabilizó de no firmar el proyecto para que ya pudiera ser enviado al Ejecutivo federal, dijo que “es obvio, que tiene carga política ese comentario, yo no quiero caer en el juego de pues caer en una provocación de carácter político”.
Aseguró que no desea que el proyecto se retrase, pues además aseguró que en cuanto se presenten las acciones de inconstitucionalidad —que se reforzarán con este nuevo error encontrado— él ejercerá sus facultades constitucionales para que la SCJN les dé atención prioritaria.
FGR
