Los desvíos financieros y demás anomalías identificadas en la operación del organismo creado por el actual gobierno para garantizar la autosuficiencia de granos al país, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ya representan un caso emblemático, afirmó Claudia Bazua Witte, auditora especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante una reunión de trabajo que se prolongó por cuatro horas con la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, la funcionaria aseguró que se presentarán las denuncias que se tengan que formular en este caso.
Frente a los legisladores, Bazua Witte, repasó los resultados de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2021, que arrojaron montos por aclarar de dos mil 310 millones 318.6 mil pesos provenientes no sólo de irregularidades en Segalmex, sino también en su filial Diconsa.
Subrayó que, para la realización de las auditorías, el titular de la dependencia, Leonel Cota Montaño, mostró disposición al disponer de mil personas para auxiliar en las labores, por lo que se espera que con él al frente “se enderece el barco”.
En otro tema, señaló que hay programas del Gobierno que no han podido ser ampliamente auditados por las características de su operación, como Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por su dispersión; y La Escuela es Nuestra, por estar en construcción.
Ante los cuestionamientos de los diputados, sobre qué hace falta para que la ASF opere con mejor capacidad, Bazua señaló que uno de los obstáculos para que esto ocurra son los cambios de gobierno.
Explicó que se carece de un servicio público de carrera en la Administración Pública Federal, lo que ha llevado a que cada que se cambia de administración llegan nuevos equipos que tienen que capacitarse en la materia.
Durante la sesión se generó una fuerte discusión entre el presidente de la Comisión, Pablo Angulo, y las diputadas Inés Parra (Morena) y María Elena Pérez-Jaén (PAN), quienes lo acusaron de censurarlas.