Una acción más de la Cuarta Transformación, que se perfila a ser una de las más controvertidas ante el Poder Judicial, ya vio la luz. El Plan B de Reforma Electoral fuepublicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este jueves 2 de marzo.
Sin embargo, esto también abrirá la ventana para que la oposición pueda presentar dentro de los próximos 30 días los recursos legales que estime necesarios para frenar la implementación de la reforma.
A 307 días de enviado el proyecto presidencial al Congreso de la Unión, este día quedaron publicadas las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Éstas se suman a las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas ya publicadas desde diciembre de 2022, y que han sido objeto de múltiples acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Con esto se oficializan los cambios a la estructura interna del Instituto Nacional Electoral, pues elimina la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Quejas y Denuncias y compactará comisiones, bajo el argumento de “eliminar duplicidades”.
También modifica los tiempos electorales cuando se trata de las elecciones federales ordinarias, aplazando el inicio hasta noviembre y no el primero de septiembre como se hacía antes.
Con esto también retirará al órgano la posibilidad de emprender proyectos o programas con el presupuesto, pues cualquier remanente o ahorro al término del ejercicio fiscal se deberá hacer un reintegro a la Tesorería de la Federación.
Los cambios también trastocarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuya Sala Regional Especializada quedará eliminada.
Además, acota el concepto de propaganda gubernamental para que ésta se entienda sólo como las campañas contratadas con recursos públicos.
En el artículo cuarto transitorio deja claro que este decreto no será aplicable para los procesos electorales de 2023 en Coahuila y el Estado de México.
FGR
