El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite siete controversias constitucionales que impugnan las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales son parte de la primera etapa del Plan B de la reforma electoral.
Dichas controversias fueron promovidas por ayuntamientos gobernados por alcaldes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, así como Guanajuato y Comonfort, ambos en Guanajuato.
Las mencionadas quejas constitucionales señalan que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, les “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”.
Asimismo, y aunque todos los mencionados municipios solicitaron la suspensión de la aplicación del Plan B hasta que la SCJN resuelva sobre su constitucionalidad, el ministro Pérez Dayán consideró que no era necesario tomar esta medida cautelar, toda vez que se trata de una norma general que no afecta de manera irreversible ningún derecho humano.
Estas controversias se adhieren a las que promovió el INE y el municipio de Chihuahua, que fueron admitidas a trámite el día 28 de febrero.
Faltan por tramitar las controversias y acciones que se espera se promuevan contra la segunda parte del Plan B, promulgada apenas la semana pasada, y contra la cual el partido Movimiento Ciudadano entregó el primer recurso, el viernes pasado.
DGC
