El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha registrado 145 impugnaciones en contra del Plan B de la Reforma Electoral.
Después de que el jueves pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el segundo conjunto de leyes de la reforma aprobada por el Congreso y entró en vigor a partir del viernes 3 de marzo, el órgano electoral jurisdiccional suma 43 recursos clasificados como federales.
Hasta el día de ayer, las impugnaciones principalmente reclamaban los cambios relacionados con la integración de los órganos electorales y los actos, y la nueva toma de decisiones que deben realizar.
La mayoría de los juicios presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —102— corresponden a los estados, de los cuales los expedientes registrados señalan que el número más importante corresponde a Puebla, con 27 recursos, seguido de Chihuahua, con 15, y Jalisco, con 14.
Los otros juicios registrados por parte de ciudadanos y funcionarios electorales inconformes con las modificaciones en materia electoral provienen de los estados de Oaxaca, de donde fueron presentados nueve, seguido de Baja California Sur, con cinco, número igual al que se entregó en la Ciudad de México y Coahuila.
En tanto, de Yucatán y Sinaloa se registraron cuatro de cada uno, mientras que, de Michoacán, Estado de México y Guanajuato se presentaron tres por cada estado; por Tamaulipas y Chiapas fueron dos por cada uno, y por Guerrero, uno más.
En el caso de los que se ostentan como funcionarios electorales, principalmente reclaman los ajustes en las Juntas Ejecutivas locales y la supresión de diversos cargos en la estructura del órgano electoral.
“(Se impugna la) entrada en vigor y publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el que se pretenden suprimir diversos cargos del Instituto Nacional Electoral”, establecen.
Los recursos registrados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación principalmente señalan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sin embargo, también impugnan el paquete de normas aprobadas dentro de la segunda parte del Plan B, en la que se incluyen la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales entraron en vigor el pasado 3 de marzo.
En diciembre pasado, el Congreso de la Unión avaló la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que desde entonces entraron en vigor tras ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero que también fueron objeto de impugnación y controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las impugnaciones que ha recibido el Tribunal Electoral, hasta el cierre de esta edición, suman 145, pero se prevé que se sigan incrementando, ya que tanto los ciudadanos pueden reclamar afectaciones a sus derechos político-electorales por la implementación del Plan B de la Reforma Electoral, como en el caso de los funcionarios electorales, que pueden recurrir al TEPJF para buscar la defensa de sus derechos laborales.
Y admiten reclamaciones de Presidencia en la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite los recursos de reclamación de la Presidencia de la República; del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, y de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, Burgos contra la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral en Coahuila y Estado de México.
Sin embargo, a diferencia de las localidades mencionadas, el ministro Alberto Pérez Dayán se ha negado a conceder más suspensiones a otros municipios del país, toda vez que no considera que existan derechos humanos vulnerados de manera inmediata.
Con al menos 49 controversias constitucionales admitidas contra la Reforma Electoral, el ministro Pérez Dayán dictó las impugnaciones a dicha suspensión, que a su vez fueron turnadas a la Segunda Sala de la SCJN, donde están adscritos los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf, estas dos últimas propuestas por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador para para integral al máximo tribunal.
Las 49 controversias constitucionales impugnan las reformas a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que integran la primera parte del Plan B, publicado en diciembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asimismo, las autoridades municipales quejosas de estas normas acusaron la afectación directa en su autonomía presupuestaria, y consideran que los poderes Legislativo y Ejecutivo se extralimitaron en sus facultades, motivo por el cual solicitaron la suspensión al máximo tribunal de justicia del país.