Un dolor en el pecho y ardor en la boca del estómago hicieron a Cecilia saber que algo tenía que parar en ese momento. Durante el último año se convirtió en una mujer más delgada, más ojerosa, más irritable, menos plena y feliz de ejercer uno de los derechos que tantas décadas costó a las mujeres tener: el de trabajar para garantizar su independencia económica.
El temor de perder el salario, el Seguro Social y volver a quedar en el desempleo tras la pandemia, la hicieron soportar un círculo laboral donde sus derechos humanos poco importaban a su par de jefes, quienes mientras le exigían más allá de lo acordado en el contrato, cuestionaban cada decisión que ella tomaba, haciéndola sentir “tonta, ilógica e incompetente”.
Un día su hija enfermó y solicitó un permiso —“que nunca había pedido”— a sus empleadores, de quienes recibió la respuesta que le indicó que ese era un lugar para ya no estar: “¡Ah! Eres muy maternal. Como que tu familia te importa más que tu trabajo, ¿no?”.
En México, una de cada tres mujeres ha enfrentado violencia laboral, la cual va desde actos discriminatorios hasta agresiones sexuales, físicas y psicológicas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De éstas, el 14.4 por ciento ha vivido atentados de tipo sexual, agresión que, por cierto, aumentó 28.5 por ciento entre el 2016 y el 2021.
El haber conquistado este nuevo derecho significó varios avances para las mujeres, pero también más espacios para continuar siendo violentadas.
“Alondra” realizó prácticas profesionales dentro de una empresa paraestatal de la que solicitó emitir más detalles por seguridad.
Relata que, durante su estancia, identificó un ambiente laboral hostil en el que predominaba la cosificación de las mujeres por parte de los superiores.
“El ambiente está super pesado. Básicamente, para tener una entrevista con ‘él’ (el jefe), tenías que ir desnuda y él elige. Un día escuché una plática entre mi jefe y otras personas y dijo que cuando las chavas necesitan hablar con él, se deben poner en la entrada, pasa en la camioneta y les dice: ‘alcánzame’; acelera y las chavas tienen que correr atrás de ese tipo”, narró.
Estas prácticas ocurren, a pesar de que la institución cuenta con una unidad de género y un área especializada en atender el acoso, violencia y abuso sexual contra las mujeres, el cual, aunque ocurra, “nadie hace nada”.
La entidad con la mayor prevalencia de violencia laboral general es Chihuahua, donde el 37.8 por ciento de mujeres de 15 años y más ha vivido alguna situación violenta. Y le sigue la Ciudad de México, con el 34.6 por ciento.
Por el contrario, los estados con la prevalencia más baja son Chiapas, con el 17.2 por ciento, y Zacatecas, con el 20.3 por ciento.
Según la encuesta del Inegi, son los compañeros de trabajo y los patrones quienes más incurren en la violencia, siendo las instalaciones laborales o algún lugar público cercano a éste, los sitios más comunes.
