A pesar de que hay 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desfalcos que superan 20 mil millones de pesos contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), tres de sus más altos directivos, que fungieron durante la época en que se dieron dichos quebrantos, han librado enfrentar a la justicia: su exdirector, Ignacio Ovalle Fernández; el exdirector de Asuntos Jurídicos de Diconsa, Carlos Antonio Dávila Amerena, y quien fue jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste.
A este último, el juez sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Enrique Vázquez Pérez, le concedió ayer una suspensión definitiva para evitar la orden de captura por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
“Se concede la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. Segundo. Queda pendiente de resolver la audiencia incidental por las autoridades precisadas en el último considerando de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Notifíquese”, indicó el juzgador.
Gavira Segreste enfrenta dos órdenes de aprehensión: la primera, por el desvío de 100 millones de pesos, dinero que fue retirado en efectivo y depositado en instrumentos financieros bursátiles. La segunda está relacionada con la compra de siete mil toneladas de azúcar a la empresa Carregi. Por este caso recibió la suspensión definitiva para no ser arrestado.
Carlos Antonio Dávila Amerena, por su parte, libró una orden de aprehensión, debido a que el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó someterlo a juicio por falta de pruebas.
Él está relacionado con el presunto fraude por la compra de siete mil 840 toneladas de azúcar, adquiridas a la empresa Carregi, pero que no fueron entregadas en su totalidad, a pesar de que se le pagaron 142 millones 440 mil 883 pesos.
Este esquema de “recepción jurídica”, utilizado por los directivos, consistía en que se pagaba a los proveedores la totalidad del contrato, pero los productos los conservaban hasta que los solicitara Segalmex. Muchos de los productos adquiridos bajo este esquema no fueron entregados a la paraestatal o no existen evidencias que comprueben el cumplimiento de contratos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Un caso aparte es el del exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, quien ni siquiera ha sido involucrado en las investigaciones, aunque ha sido exculpado desde el ámbito político.
El exdirectivo permaneció en el cargo desde enero del 2019 hasta abril del 2022 y, durante su gestión, las auditorías practicadas por la ASF detectaron “probables daños a la hacienda pública” por 14 mil 268 millones de pesos en Segalmex, por cuatro mil 102 millones de pesos en Diconsa, y por cerca de dos mil 220 millones de pesos en Liconsa, las últimas dos, subsidiarias de Segalmex.
Luego de detectar las irregularidades, fueron separados de sus cargos casi todos los empleados de Segalmex. Ovalle Fernández fue removido en abril del 2022, pero fue nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
El exdirector de Segalmex no sólo no ha sido señalado en ninguna investigación, sino que recibió el cobijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 16 de marzo, consideró que es “una gente buena” que fue “engañado por sus colaboradores, porque se confió”.
La Razón buscó una entrevista con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para conocer acerca de las ocho denuncias que interpuso por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos de Segalmex. Sin embargo, se negó a atender la petición.
La FGR obtuvo, el pasado 9 de marzo, 22 órdenes de aprehensión en contra de 12 exfuncionarios, cuatro empleados de la empresa Carregi y seis beneficiarios de recursos desviados. Hasta ahora, se ha logrado la detención de nueve personas por los desfalcos al organismo estatal.
Hasta ahora el juez ha vinculado a proceso a ocho de los detenidos: Jorge Humberto González Bocardo, coordinador de operaciones en Diconsa; Simón Escobar Copca, exdirector del almacén de Diconsa en Querétaro; Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de Control Presupuestal de Liconsa; Artemio Gutiérrez, exsubjefe del almacén de San Luis La Paz en Guanajuato; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de la Dirección Comercial de Diconsa en el estado de Querétaro.
Por parte de la empresa Carregin fueron vinculados a proceso el representante legal, Jorge Saúl Romero Valencia, y José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de la empresa. En tanto, Gonzalo Mora Nateras, un particular que habría sido parte del esquema de lavado de dinero a través de la empresa Servicios Integrales Carregin, también fue vinculado a proceso.