El Presidente Andrés Manuel López Obrador remitió tres iniciativas a la Cámara de Diputados, de las cuales una busca reformar 23 leyes secundarias para acotar las contrataciones o cualquier acuerdo administrativo-económico entre el Gobierno y el sector privado, por considerar que se ha debilitado al Estado.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca “proteger los recursos públicos de abusos” mediante dar la facultad a la Administración Pública Federal para revisar, modificar, nulificar y revocar “actos administrativos” (contratos, permisos, licitaciones, etc.) que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de los intereses privados.
El proyecto se organiza en tres apartados: el primero sobre revertir actos de corrupción, pues el mandatario refiere que gobiernos anteriores suscribieron actos contrarios a la ley y que la apertura económica de mil 990 multiplicó la contratación de bienes y servicios a particulares para evitar la corrupción del Estado.
Sin embargo, el Presidente considera que esto elevó la corrupción en licitaciones, adquisiciones, concesiones, permisos, licencias, entre otros actos administrativos de tipo económico y que derivaron en la proliferación de juicios del sector privado contra el Estado “para obtener lucro indebido”.
La propuesta busca establecer la inclusión obligatoria de la “cláusula exorbitante” en los contratos que celebren servidores públicos, para que la administración pública pueda terminar la relación jurídica de manera anticipada cuando así le convenga al interés público.
Tras mencionar que su gobierno heredó procedimientos jurisdiccionales nacionales y extranjeros que demandan cumplimiento de contratos, permisos y pago de “indemnizaciones exorbitantes”, y un crecimiento exponencial de reclamos contra el Estado Mexicano por resolver en favor de las corporaciones, López Obrador propone limitar los montos de las indemnizaciones.
Al poner como ejemplo que empresas nacionales han “obligado” al gobierno mexicano a adquirir medicamentos a “costos desproporcionados”, el mandatario sugiere permitir la adquisición de bienes en licitación pública en el extranjero, sin que se agote la nacional, cuando se evidencie que afuera hay mejores precios y así evitar que “el Estado vuelva a ser rehén de este tipo de prácticas corruptas”.
También propone incorporar el principio de “confianza” en el sector público para que lleve a cabo obras sin que se someta a los mismos requisitos que se exigen al sector privado, pues considera que éste se caracteriza por buscar beneficios relacionados con el lucro económico.
Mediante una reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas busca que quienes hayan sido servidores públicos no laboren durante un tiempo, de cuatro a diez años, en empresas con las que haya tenido una relación en el ejercicio de funciones públicas.
“En la memoria mexicana abundan los casos de agravio de personas que ocuparon los más altos cargos públicos y posteriormente se convirtieron en empleados de las empresas que regularon, supervisaron o emitieron actos de autoridad. Dicha conducta atenta conta la moral pública”, dijo.
En el proyecto acusa que altos funcionarios se han resistido a asumir la política de austeridad y “defienden sus inconstitucionales privilegios” y se resisten a disminuir “los excesivos salarios que perciben".
Para “cambiar” esto, propone modificar nueve leyes para que magistrados, ministros, comisionados, consejeros electorales y demás servidores del Poder Judicial y los órganos autónomos se apeguen a ganar menos que el titular del Ejecutivo Federal.
Finalmente, el Presidente señala que en los 30 últimos años, las funciones del Estado mexicano se atrofiaron ya que sus funciones se trasladaron a entes privados, por lo que para “reivindicar” los fines constitucionales del mismo se buscará agrupar las entidades paraestatales y que se reintegren a las dependencias federales el patrimonio de las mismas cuando hayan sido creadas injustificadamente.
DGC
