El ministro Javier Laynez justificó su decisión de haber frenado la aplicación del Plan B y aseguró que la suspensión que concedió al Instituto Nacional Electoral (INE) y que detuvo las nuevas reglas tiene como propósito “preservar el orden democrático”.
Sostuvo que el decreto reclamado genera una “modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del órgano electoral, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”.
En el incidente de suspensión de la controversia constitucional 261/2023, en el que expone su argumentación, Laynez señala que, de no concederse dicha suspensión, “el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos”.
“Por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, apuntó.
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano”, afirmó Laynez Potisek al conceder la suspensión.
Agregó: “En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”.
Para el ministro Javier Laynez, no conceder la suspensión que frena la entrada en vigor de la segunda parte del Plan B de la reforma en materia político-electoral puede provocar un “caos operativo” en el Instituto Nacional Electoral.
En su acuerdo de suspensión publicado este lunes en los estrados judiciales, el ministro reconoció que la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución prohíbe conceder la suspensión en controversias constitucionales cuando se combaten normas generales, pero que en el caso concreto, esta prohibición no aplica de manera estricta.
Asimismo, el ministro destacó que el Plan B podría afectar los derechos electorales de los ciudadanos, su derecho a la privacidad y protección de datos personales, en relación con el manejo del padrón electoral, y los derechos laborales de personal del INE, tanto por despidos como por bajas salariales.
Laynez Potisek determinó que la suspensión es necesaria porque, incluso si el pleno de la Suprema Corte invalida la reforma dentro de unos meses, esta sentencia no tendría efectos retroactivos y no podría eliminar actos que ya se hubieran ejecutado.
Cabe señalar que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, resaltó el domingo que la batalla jurídica que emprendieron en contra del Plan B ha dado importantes resoluciones para que México siga contando con elecciones libres y auténticas.
fgr