El Presidente de la República presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para modificar de forma “radical” el modelo de concesiones mineras y de agua, y así limitarlas para poner fin a “una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano, de extractivismo voraz”, dijo.
El proyecto remitido a la Cámara de Diputados sugiere reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Para justificar los cambios, el mandatario acusa que la promulgación de la Ley Minera en 1992 buscó favorecer los intereses de particulares ante el supuesto de que se requería la entrada masiva de capital en la explotación de los recursos mineros.
También señala que la Ley de Aguas Nacionales, impulsada en el mismo año para concesiones y asignaciones, trajo desigualdad, mercantilizó el recurso hídrico, que ante la ausencia de vigilancia para su extracción se ha dañado gravemente a los ecosistemas e impide ejercer el derecho humano al agua.
Señaló que esto también se tradujo en despojo territorial y desplazamiento forzado de pueblos, contaminación del subsuelo, mantos acuíferos, intensos conflictos socioambientales que también han derivado en numerosos atentados contra activistas y defensores.
Aunado a los costos sociales y ambientales, el presidente señala que la actividad minera no es representativa para el desarrollo económico del país y la redistribución de la riqueza, pues los ingresos que se obtiene se quedan en países extranjeros“por lo que no se justifica la preferencia que tiene sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno o del agua”
Por estos motivos, el mandatario propone que las concesiones ahora se otorguen únicamente mediante concurso público y se condicionará a la disponibilidad de agua del terreno; además elimina el “derecho” de los titulares de las concesiones a expropiar un terreno para explotación minera.
Quienes ganen los concursos para obtener una concesión deberán presentar un estudio de impacto social para determinar posibles afectaciones.
Además, acota de 50 a 15 años el término de la concesión, que sólo será prorrogable por una ocasión por un lapso igual.
Actualmente, los permisos permiten a la persona titular tener derechos sobre todos los minerales que encuentre, pero ahora se propone que únicamente se le dará licencia para extraer minerales susceptibles de explotación.
Sobre la extracción de agua, las concesiones sólo se darán por cinco años, con posibilidad de prorrogas por el mismo tiempo.
Establece sanciones a conductas delictivas en materia minera, como extracción ilegal, tráfico de minerales no concesionados o el menoscabo de la seguridad de los trabajadores por omisión, así como el traslado internacional de productos mineros.
“Se propone una modificación radical al modelo de concesiones de las actividades mineras para retomar la rectoría del Estado en la materia, fortalecer los controles sobre dicha actividad y terminar definitivamente con el modelo que propició la apropación indiscriminada de los recursos minerales e hídricos del país, en detrimento de la población y sus derechos”, señala en la iniciativa.
DGC
