La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que ya se dio inicio al proceso para revocar el permiso y rescindir el contrato a la empresa encargada de la vigilancia en el centro de retención de migrantes de Ciudad Juárez, donde murieron 39 personas.
De acuerdo con la funcionaria, también se multará a la empresa que brindó el servicio, la cual lleva por nombre Grupo de Seguridad Privada Camsa. Dichas medidas se tomaron después de la irregularidad que se encontró en las primeras investigaciones.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que el Grupo de Seguridad Privada Camsa solo tenía reportadas a cuatro personas de seguridad con diez uniformes; sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en los 23 estados del país.
“No cuenta con permiso de portación de armas y en los reportes mensuales no reportó altas o bajas”, explicó.
Rosa Icela Rodríguez mencionó que ya se tienen identificados a los socios de CAMSA, así como a los representantes y apoderados legales.
La firma de seguridad fue contratada por el Instituto Nacional de Migración (INM) para custodiar sus centros de retención en 23 estados del país.
Además, tiene una autorización vigente al 24 de febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada en todo el territorio nacional.
Asimismo anunció que 48 elementos del Servicio de Protección Federal serán los encargados de salvaguardar la protección en la estancia de Ciudad Juárez.
Respecto a la presencia de la empresa en otras estancias temporales, la funcionaria dijo que se está investigando, así como las condiciones en que se encontraban.
En tanto, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías Guerra, señaló que se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
Aseveró que ya se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión y sólo queda pendiente una, pero aclaró que ya fueron puestos a disposición de un juez.
“Estamos haciendo diligencias para ver obligaciones, así como acciones y omisiones para fundamentar su responsabilidad”, añadió.
JVR
