Con la resistencia de la mayoría de la bancada petista, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, con la que se pondrá un freno para que las personas agresoras no puedan ocupar algún cargo público o de elección popular.
El proyecto para reformar los artículos 102 y 38 de la Constitución y que ahora pasa al Senado recibió 455 votos a favor; cero en contra, y 25 abstenciones por parte del Partido del Trabajo, que solicitó que se votara en contra al considerar que esto podría convertirse en un arma política para la oposición en el escenario electoral.
De esta forma se establece que una persona no podrá buscar cargos públicos por contar con una sentencia firme por haber cometido delitos de forma intencional contra la vida e integridad corporal, tampoco contra la libertad y seguridad sexuales.
Lo mismo aplica para aquellas personas que hayan incurrido en violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género.
En la lista de causales también se incluyó a las personas deudoras alimentarias morosas.
Quienes hayan incurrido en hechos como los mencionados no podrán ser registrados como candidatos, ni ser nombrados para un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Al fundamentar el dictamen, la morenista Lidia García Anaya, dijo que si las personas fueran responsables con el pago de la pensión a sus hijas e hijos, entonces reformas como esta no tendrían que presentarse.
La diputada Blanca Alcalá aseguró que las reformas planteadas no tienen dedicatoria a una, dos ni tres personas, sino a todas las personas que representan el ejercicio público.
“Es 3 de 3, porque, deberá impactar en el Gobierno federal, estatal o municipal; ¡nunca más permitiremos que un agresor, violentador o deudor alimentario llegue a un cargo que implique, aún en su mínima expresión, el ejercicio de poder!”, exclamó.
El petista Gerardo Fernández Noroña presentó una moción suspensiva pues dijo que el dictamen sólo es políticamente correcto pero tiene problemas de fondo, porque al igual que medidas tomadas anteriormente “no han ayudado en nada en generar más conciencia, erradicar, condiciones de igualdad”, dijo.
Argumentó que la iniciativa podría ser revertida por falta de proporcionalidad y atentar contra derechos humanos al meter “en un mismo costal conductas de lo más diverso y niveles de gravedad”, además que sólo beneficiará a un sector pero no “al pueblo”
Tras recibir rechiflas de la bancada panista, a la que Fernández Noroña acusó de ser incapaz de votar por que la mujer decida sobre su cuerpo, la moción fue rechazada incluso por morenistas.
La petista Lilia Aguilar señaló que el hecho de que agresores no lleguen a un cargo público ni estén al frente del poder “quiere decir que todas esas masculinidades violentas que atacaban a las mujeres y nos hacían sentir ciudadanas de segunda, que todavía nos hacen sentirnos avergonzadas si nos violaban o atacaban en la calle, ya no serán más".
JVR
