La deportación de extranjeros irregulares viola sus derechos humanos y sólo propicia el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado que lucran con el mercado del tráfico de personas, consideraron expertos en temas migratorios.
En entrevista con La Razón, July Rodríguez, directora de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos, explicó que la deportación de personas no es la solución, ya que a pesar de los sucesos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, siguen deteniendolos y regresándolos, poniendo en riesgo su integridad física.
“Los devuelven a sus países de origen, pero no tiene ningún chiste, ya que al momento de que llegan a sus naciones, de inmediato vuelven a intentar tomar el camino de regreso para México. Por eso pienso que el discurso del Gobierno es hipócrita, pues si bien se dice que se les recibe de manera humana, pero en cuanto llegan, se les regresa”, indicó.
La activista comentó que las autoridades deberían clarificar los procesos para llegar a México de las personas que vienen de Centro y Sudamérica, así como las opciones para transitar por el territorio, y que en caso de que quieran ir a Estados Unidos se les apoye con la aplicación CBP One, pues aseguró que hay un diálogo falso entre autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y los migrantes.
July Rodríguez denunció que, al deportarlos, se les regresa a las mismas condiciones de falta de oportunidades e inseguridad y por ello, al regresar, preferirán hacerlo con un “pollero”, aunque sea con más riesgo, pero evitando a los agentes migratorios.
“Se estaría impulsando al coyotaje, pues si bien la gente trató de llegar normal, con las deportaciones van a querer regresar con un ‘pollero’, aunque arriesguen sus vidas. Fortalecen el mercado de los ‘polleros’ y el tráfico de personas, pues terminan pagando cantidades millonarias para ser hacinado en tráileres y sumar un montón de riesgos en su camino”, indicó.
La Razón publicó este fin de semana que el gasto por deportación de migrantes que transitan de manera irregular por México aumentó en la administración federal 189 por ciento del 2019 al 2022, de acuerdo con registros del INM.
Acerca de este fenómeno, Lorena Cano, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), sostuvo que la solución para los migrantes es la creación de una verdadera política que vele por la protección y los derechos humanos de las personas en movilidad.
“La deportación masiva es una violación a los derechos humanos de la gente y está prohibida por la ley mexicana, porque es un principio general de derecho internacional. Si tú tienes a un solicitante de asilo y lo regresas, violas su derecho al refugio”, advirtió.
La activista subrayó que si se hacen regresos masivos, tampoco se pueden identificar causas, razones o motivos, además de que se agrava el tema si se ingresan a los migrantes a los centros de retención, pues como se ha visto, “hay condiciones indigna, lo que aumenta su vulnerabilidad”.
