Para lo que resta de las elecciones del 2023, especialistas presagian múltiples conflictos, debido a que el triunfo en Coahuila y el Estado de México representaría la consolidación para Morena o la sobrevivencia de partidos vetustos, como el Revoluczwionario Institucional (PRI).
Aunque los cargos a elegir en esta ocasión significan “botines menos apetecibles” para el crimen organizado, la injerencia de éste no se descarta, debido a que la permanencia o no de los grupos políticos en el poder incide en el despliegue territorial.
El exconsejero del INE Javier Santiago Castillo explicó que la relevancia radica en que el partido tricolor no sólo se jugará su presencia en los dos últimos bastiones que le quedan, sino también su capacidad negociadora en Va por México rumbo al proceso electoral del 2024.
En cuanto a la incidencia criminal, señaló que la delincuencia organizada interviene más en las elecciones municipales para controlar territorios, pero eso no descarta su participación ahora que se elegirán sólo gubernaturas, pues el crimen organizado “siempre busca posicionarse” a su conveniencia.
Advirtió que otro riesgo es la baja participación ciudadana motivada por la ausencia de proyectos atractivos en los discursos de los candidatos y la prevalencia de constantes descalificaciones que intercambian.
“Los partidos deben asumir que sean derrotados, porque aquí habrá un ganador y un perdedor. Las autoridades electorales han demostrado imparcialidad en el electorado y caer en el anuncio anticipado de fraude electoral enturbiaría el proceso”, expuso.
Víctor Manuel Alarcón Olguín, experto en procesos políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agregó que el Plan B de la Reforma Electoral continuaba representando un riesgo para el desarrollo y la seguridad de los comicios.
Consideró que su eventual aplicación reduce el margen de acción de las autoridades para garantizar contiendas transparentes que permitan identificar irregularidades.
Para el proceso del 2023, calificó como preocupante el “gasto excesivo” que se ha dejado ver en los despliegues de quienes buscan la gubernatura del Estado de México y que podrían, inclusive, significar la anulación de los comicios.
“También (existe) el riesgo de la posible violencia, antes o después de la jornada, y con un INE que pudiera estar afectado ya por el Plan B… No hay interés en reforzar la seguridad, se está viendo un clima en el que el desmantelamiento de la institución electoral abre zonas de riesgo”, mencionó.
Daniela Arias, coordinadora de Laboratorio Electoral, descartó que ahora haya un foco rojo sobre violencia en cuanto a Coahuila y el Estado de México.
Advirtió que el punto crítico que observan en ambas entidades es la injerencia de funcionarios públicos. “Hemos visto cómo varios funcionarios, especialmente de Morena, pero en general, han intentado influir en el debate político, han hecho trabajos de apoyo… Nos preocupa que empiecen a darse violaciones a la ley electoral y a usarse las sanciones que de ello deriven en una retórica de atacar a la autoridad electoral y poner como víctimas a quienes infrinjan la ley”, dijo.
