La Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmaron un convenio frente a padres y madres de las víctimas de Ayotzinapa, para coadyuvar y acelerar el esclarecimiento del caso.
Después de una reunión de una hora con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, afirmó que hay avances importantes en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas.
“Están pendientes de cumplimentar 34 de las 64 órdenes de aprehensión que se giraron recientemente.
“Estamos trabajando, va a haber una reunión con el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes) y vamos a seguir, no tengo la fecha, (pero) pronto. Sí hay avances importantes”, dijo Gómez Piedra.
El funcionario aseguró que él no trabaja con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aunque enfatizó que tampoco tiene ningún tipo de problema con ella.
“Nosotros no tenemos ningún problema con el Poder Judicial, menos con la señora ministra. No la vemos ni trabajamos con ella; nosotros vamos a los juzgados y estamos normalmente trabajando”, explicó, luego de ser cuestionado a la salida de Palacio Nacional, respecto a cómo es su relación laboral con la ministra presidenta.
El fiscal refirió que dentro de las investigaciones se trabaja en “desatar cualquier información que detenga el avance fluido para solucionar este tema”.
Hace una semana, un grupo de expertos internacionales que apoya el esclarecimiento del caso, y que dijo tener documentos que lo sustentan, dijo que autoridades de México ocultaban deliberadamente información sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
“Hemos visto documentos, tenido acceso a documentos, de una decisión interna de no proporcionar más información, de dar una respuesta de que no hay información”, dijo en rueda de prensa Carlos Beristain, integrante del GIEI, que está abocado a coadyuvar al esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Beristain dijo que un documento en poder de las autoridades, al que accedieron los investigadores, reveló que la instrucción es “dar una respuesta acordada entre diferentes sectores”.
JVR
