El Gobierno de México analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en relación con el caso García Rodríguez y otro contra México.
Lo anterior con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos.
La determinación sirve para orientar a México
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores detallaron que México reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal.
Además, las dependencias señalaron que la determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas.
La solicitud para una reforma constitucional
De esta manera, la CoIDH pidió al Estado mexicano adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo pre-procesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia.
