Abogados expertos en derecho penal aseguraron que la acusación en contra del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, no es grave y, si bien alcanza sanción penal, es menor de tres años y se puede conmutar por castigos de tipo administrativo, incluida la inhabilitación.
En entrevista con La Razón, el penalista Juan Velázquez detalló que a Francisco Garduño no se le puede responsabilizar por la muerte de los 40 migrantes, ya que la responsabilidad penal es particular. Por ello, dijo, se tienen identificados a los que no abrieron los candados o los dejaron encerrados. Sin embargo, el titular del INM, al ser encargado general, omitió o incumplió deberes, y por ello se le puede responsabilizar de la comisión de un delito.
“La pena de ese delito, aunque sea de prisión, no es una pena mayor; incluso, puede conmutarse o suspenderse para que la persona, aunque sea encontrada culpable, no necesariamente vaya a prisión”, explicó.
Señaló que el delito no amerita prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y por ello puede enfrentar su enjuiciamiento en libertad y, aunque se le condene, no implica que pise la cárcel.
El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió proceder penalmente en contra de Francisco Garduño por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, así como por delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
El artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal, que busca ser sancionado por la dependencia federal, detalla que “teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”, detalla.
Al respecto, el jurista Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, explicó que depende de la sentencia del juez y la gravedad en la que, señale, incurrió el titular de Migración, debido a que, si bien el funcionario puede librarse de pisar la cárcel, puede quedar inhabilitado por muchos años.
“Creo que la Fiscalia General de la República se quedó corta en la investigación, ya que se le permitió mucho a este funcionario tolerar la corrupción que hay dentro de esa dependencia federal, ya que se vendía de todo y se afectaba directamente a los migrantes”, dijo.
El experto indicó que, al no ser un delito grave, trae una serie de beneficios, como conmutarse a una sanción administrativa o separarlo del cargo, o inhabilitarlo para cargos por varios años.
“No tomó acciones adecuadas para terminar las tropelías y extorsiones contra personas migrantes y eso es responsabilidad del titular del Instituto Nacional de Migración, lo que afectó de formas graves a las personas y por ello debería ser mucho mejor sancionado”, evaluó.
Señaló que el juez debe también decidir si requiere de alguna medida cautelar para evitar que escape de la justicia o el proceso en su contra, como lo han pedido diversas organizaciones civiles.
A pesar de ello, el jurista dijo que el proceso penal en contra del funcionario federal puede no ser del todo justo, dada la cercanía que tiene con el Gobierno federal, además de que hay muchas posibilidades para que salga bien librado de todo el tema.
Oposición insiste en que el funcionario renuncie
En el senado, el PAN insistió en que no es suficiente el inicio de la investigación en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, sino que, dijo, debe renunciar, y exigió la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El coordinador del grupo parlamentario, Julen Rementería, puntualizó que no se trató de una negligencia que derivara en un error administrativo, sino en el fallecimiento de 40 personas, por lo que al menos debería separarse del cargo.
En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del grupo parlamentario, Kenia López Rabadán, reprochó que el encargado de la política interna del país acudiera a las instalaciones de la Cámara alta a reunirse con los senadores de Morena y sus aliados, pero no a explicar al resto de las bancadas los problemas en materia migratoria.
Al respecto, la senadora Lilly Téllez se refirió al padre Alejandro Solalinde, quien ha declarado que se harán cambios en el INM: “No se le debe de decir padre Solalinde, es un demonio y ha sido acusado de beneficiarse del tráfico de migrantes y en él van a poner el negocio negro del tráfico de migrantes”.
El CEN del PAN denunció que el Gobierno federal ha sido indiferente en la protección de los derechos humanos, situación que impacta directamente entre las personas migrantes.
De acuerdo con el blanquiazul, entre el 2016 y febrero del 2023, cinco mil 745 personas declararon haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano.
Con información de Magali Juárez
