A pesar de los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien está señalado por incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones y propiciar delitos cometidos en contra de migrantes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo arropó y dijo que, en el balance de su trabajo, tiene buena calificación.
Dijo que, en su momento, tomará decisiones, aunque por lo pronto el funcionario seguirá firme en su cargo.
“Es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño. Lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo.
“Cuando fui Jefe de Gobierno y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública yo lo propuse a él, pero en ese entonces, para nombrar al secretario de Seguridad Pública y al procurador de la ciudad, se necesitaba el consentimiento del presidente; entonces, cuando lo propuse, no lo aceptó Fox y a partir de ahí entró Marcelo Ebrard a la Secretaría de Seguridad y luego estuvo de subsecretario en la Secretaría de Gobierno y lo nombré de Migración y es una gente recta, trabajadora.
“Pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie, si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito”, expuso el mandatario.
En su conferencia matutina, señaló que la investigación no se ha cerrado y por ello no ha pedido la renuncia de Garduño Yáñez ni el comisionado del INM la ha presentado.
“Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento”, aseveró López Obrador.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ratificó más tarde, ayer mismo, que deben esperar al resultado de las indagatorias que inició la Fiscalía General de la República (FGR) para tomar decisiones, pero sostuvo que Garduño Yáñez se mantiene en su cargo.
“El Presidente informó que en tanto no haya una disposición legal que lo inhabilite o los sujete a un proceso, él va a esperar el resultado de esa investigación”, comentó.
En conferencia de prensa en el Senado, comentó que “mantengo comunicación permanente con prácticamente todos los funcionarios del Gobierno federal, incluido Francisco Garduño, quien por la mañana me compartió un reporte de la situación de Ciudad Juárez, como lo hace todas las mañanas, pero no hablé de ese tema con él”.
Al ser cuestionado López Hernández sobre la exigencia del PAN para que él comparezca ante el pleno del Senado y explique la crisis migratoria, una petición en la que ha insistido la senadora Kenia López Rabadán, dijo que cumplirá con sus obligaciones con gusto, pero esa es una decisión que debe aprobar la mayoría de los legisladores.
“Ella está en su derecho de pedir, de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el pleno de la Cámara de Senadores, yo lo hago con mucho gusto, nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe.
“Si no lo aprueban, pues el derecho de las minorías se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia, pero yo invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y otros temas”, indicó.
El Presidente López Obrador dio a conocer que el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, le anticipó que se abriría una investigación en contra del comisionado del INM, Francisco Garduño.
“Ayer que estuvo conmigo el fiscal, me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión, pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se crea —además, no me importa que no lo crean, porque yo tengo mi propio tribunal, que es el que me importa: mi conciencia—.
“Soy tan respetuoso de la autonomía de la fiscalía que no me atreví a preguntarle nada, ni él me dijo, nada más ya sabe, porque sí le hablé en su momento cuando sucedió esta tragedia, de que le pedía que interviniera y que se actuara con rectitud”, reveló el mandatario.
Agente acusada obtiene amparo contra captura
Un juez federal concedió una suspensión definitiva a favor de Gloria Liliana Ramos García, agente del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que impugnara la orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en un centro de retención de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La agente dijo demandó que fue privada de su libertad fuera de la legalidad, además de que fue víctima de incomunicación y tortura.
De esa manera la medida cautelar no significa que la quejosa quede en libertad absoluta, pues queda a disposición de la autoridad encargada del procedimiento penal en su contra.
Por otra parte, los agentes del INM que también han sido acusados, Rodolfo Collazo de la Torre y Daniel Goray Yosika, también acusaron que fueron incomunicados por lo que el juez les concedió una suspensión de plano.
Fue el 29 de marzo pasado cuando los tres agentes promovieron los juicios de amparo, un día antes que la FGR liberara las ordenes en su contra.
Expertos prevén que sanción a Garduño sea en lo administrativo
Abogados expertos en derecho penal aseguraron que la acusación en contra del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, no es grave y, si bien alcanza sanción penal, es menor de tres años y se puede conmutar por castigos de tipo administrativo, incluida la inhabilitación.
En entrevista con La Razón, el penalista Juan Velázquez detalló que a Francisco Garduño no se le puede responsabilizar por la muerte de los 40 migrantes, ya que la responsabilidad penal es particular. Por ello, dijo, se tienen identificados a los que no abrieron los candados o los dejaron encerrados. Sin embargo, el titular del INM, al ser encargado general, omitió o incumplió deberes, y por ello se le puede responsabilizar de la comisión de un delito.
“La pena de ese delito, aunque sea de prisión, no es una pena mayor; incluso, puede conmutarse o suspenderse para que la persona, aunque sea encontrada culpable, no necesariamente vaya a prisión”, explicó.
Señaló que el delito no amerita prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y por ello puede enfrentar su enjuiciamiento en libertad y, aunque se le condene, no implica que pise la cárcel.
El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió proceder penalmente en contra de Francisco Garduño por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, así como por delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.
El artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal, que busca ser sancionado por la dependencia federal, detalla que “teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”, detalla.
Al respecto, el jurista Alberto Woolrich, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, explicó que depende de la sentencia del juez y la gravedad en la que, señale, incurrió el titular de Migración, debido a que, si bien el funcionario puede librarse de pisar la cárcel, puede quedar inhabilitado por muchos años.
“Creo que la Fiscalia General de la República se quedó corta en la investigación, ya que se le permitió mucho a este funcionario tolerar la corrupción que hay dentro de esa dependencia federal, ya que se vendía de todo y se afectaba directamente a los migrantes”, dijo.
El experto indicó que, al no ser un delito grave, trae una serie de beneficios, como conmutarse a una sanción administrativa o separarlo del cargo, o inhabilitarlo para cargos por varios años.
“No tomó acciones adecuadas para terminar las tropelías y extorsiones contra personas migrantes y eso es responsabilidad del titular del Instituto Nacional de Migración, lo que afectó de formas graves a las personas y por ello debería ser mucho mejor sancionado”, evaluó.
Señaló que el juez debe también decidir si requiere de alguna medida cautelar para evitar que escape de la justicia o el proceso en su contra, como lo han pedido diversas organizaciones civiles.
A pesar de ello, el jurista dijo que el proceso penal en contra del funcionario federal puede no ser del todo justo, dada la cercanía que tiene con el Gobierno federal, además de que hay muchas posibilidades para que salga bien librado de todo el tema.
ONG ven cortina de humo en el caso; urgen arraigo
Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la investigación penal que se le sigue al titular del INM, Francisco Garduño, puede ser sólo una cortina de humo y una solución doméstica, debido a que el problema de la migración en México es estructural y no de una sola persona.
July Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del INM, dijo a La Razón que es bueno que estén viendo a los funcionarios responsables de la falta de protección migrante, ya que son los culpables directos; sin embargo, aclaró que la cercanía con el Ejecutivo puede darle ciertos privilegios a Garduño.
“Me parece bien, pero por lo pronto deben inhabilitarlo, porque no es sólo que le den uno o dos años de cárcel, pues tampoco se sabe cómo va a ser tratado, ya que es amigo cercano del Presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello puede tener algún tipo de protección”, explicó.
“No le van a imputar directamente el homicidio, sino por otros temas relacionados a la función pública y su actuar. Desde que asumió el cargo no ha revisado el tema de las extorsiones a los migrantes, el pago de cuotas, la venta de visas humanitarias… Desde que llegamos al Consejo Consultivo le hemos dicho lo que pasa en aeropuertos y estaciones, pero no hace caso, por eso su conducta omisa ha sido reiterada”, agregó.
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, precisó a este diario que la posible detención de Garduño no va a cambiar en nada la migración y lo que ocurre en el país por el tema, ya que es un asunto meramente político que se realiza por presión de las organizaciones civiles, pero que en la realidad no lleva a ninguna solución.
Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, aseveró que más allá de la investigación contra el titular del INM y la política, se desconoce si serán o no culpables, ya que es prematuro saber la responsabilidad de cada actor.
“Tenemos que esperar lo que digan los jueces, pero eso no soluciona el problema, ya que lo que se requiere es un cambio de fondo en la política migratoria en México, pues quedan muchas prácticas de corrupción que se encuentran arraigadas”, indicó la activista.
El director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mújica, pidió a la FGR que se emita arraigo domiciliario contra el todavía comisionado del INM, Francisco Garduño, para que no huya del país por su posible responsabilidad en la muerte de 40 migrantes de Ciudad Juárez.
El activista exigió justicia para las víctimas del incendio en el centro de retención migrante. “El anuncio de la FGR fue un claro mensaje de que se ampare para que no lo manden a la cárcel. Le están dando tiempo de huir”, consideró Mújica Arzate.
Oposición insiste en que el funcionario renuncie
En el senado, el PAN insistió en que no es suficiente el inicio de la investigación en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, sino que, dijo, debe renunciar, y exigió la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El coordinador del grupo parlamentario, Julen Rementería, puntualizó que no se trató de una negligencia que derivara en un error administrativo, sino en el fallecimiento de 40 personas, por lo que al menos debería separarse del cargo.
En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del grupo parlamentario, Kenia López Rabadán, reprochó que el encargado de la política interna del país acudiera a las instalaciones de la Cámara alta a reunirse con los senadores de Morena y sus aliados, pero no a explicar al resto de las bancadas los problemas en materia migratoria.
Al respecto, la senadora Lilly Téllez se refirió al padre Alejandro Solalinde, quien ha declarado que se harán cambios en el INM: “No se le debe de decir padre Solalinde, es un demonio y ha sido acusado de beneficiarse del tráfico de migrantes y en él van a poner el negocio negro del tráfico de migrantes”.
El CEN del PAN denunció que el Gobierno federal ha sido indiferente en la protección de los derechos humanos, situación que impacta directamente entre las personas migrantes.
De acuerdo con el blanquiazul, entre el 2016 y febrero del 2023, cinco mil 745 personas declararon haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano.
AM
