U n juez dictó prisión preventiva en contra de los tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que fueron detenidos este jueves por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que se concedió un amparo al delegado de esa dependencia en Chihuahua ante cualquier aprehensión en su contra por los hechos registrados el 27 de marzo pasado, que provocaron la muerte de 40 migrantes en un centro de retención de Ciudad Juárez.
Este viernes fueron presentados ante el Poder Judicial los agentes del INM a quienes se les acusa de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público. Se trata de Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua; Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta Protección Migrante, y de la agente Cecilia Rivera Tena.
Los detenidos están directamente ligados con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas migrantes de diversas nacionalidades, de acuerdo a las investigaciones de la FGR.
La próxima audiencia para los tres funcionarios del INM será el martes 18 de abril, mientras que los acusados pidieron la duplicidad del término para presentar pruebas a su favor. Los funcionarios fueron trasladados al Centro de Readaptación Social 3 en esa ciudad fronteriza para continuar con la investigación.
En este caso, un juez federal concedió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en contra del delegado de migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero, por lo que no podrá ser detenido.
Fue el pasado 12 de abril que el contraalmirante en retiro tramitó un amparo en contra de cualquier orden de captura, citación o comparecencia que pudiera existir en su contra, y este viernes fue aceptado.
La FGR comenzó a buscarlo desde el jueves, luego de obtener cuatro órdenes de aprehensión contra agentes del INM, tres de las cuales fueron cumplimentadas el jueves, faltando solamente la del delegado en Chihuahua.
A pesar de ello, quedará a disposición de las autoridades en caso de que el proceso penal en su contra continúe, pero si los delitos ameritan prisión preventiva, se tomarán otras medidas.
El militar en retiro es señalado de haber dado la orden de mantener encerrado a los migrantes mientras ocurría el incendio, que posteriormente cobró la vida de las personas, de acuerdo a los reportes que se han ido dando a conocer.
En tanto, el titular del INM, Francisco Garduño, deberá presentarse a comparecer en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez el próximo 21 de abril, junto con Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, tras una orden de citación que pidió la FGR.
Todos los funcionarios han sido señalados por su presunta vinculación directa con las conductas que generaron el incendio y lesiones a las víctimas en la estancia migratoria.
A una semana que inicie el juicio en contra de los acusados, organizaciones de la sociedad civil y la clase política han solicitado justicia y sanción para los responsables de los sucesos, además de una investigación transparente; lo anterior, luego de que a los dos altos funcionarios de la institución solo los citaron para comparecer, sin todavía una responsabilidad penal.
Por esa razón, será hasta la siguiente semana que se conozcan los delitos y total de imputados.
Critica PRD que Garduño siga al frente del instituto
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que no se ha destituido a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) porque el Presidente de la República “seguramente le debe algo” y por ello, se le sigue protegiendo al no señalarlo por la tragedia en la estación migrante.
“El Presidente López Obrador no ha despedido ni le ha pedido la renuncia al titular de migración, Francisco Garduño ¿por qué? Seguramente porque algo le debe el titular del Ejecutivo, recordemos que es gente del equipo de René Bejarano”, explicó.
Aseveró que el comisionado de migración permitió tortura y violaciones a migrantes e ignoró las 54 recomendaciones que emitió la CNDH por diversos abusos y en lugar de tomar cartas en el asunto, el titular del Ejecutivo lo protege y pide esperar resultados de la investigación de la FGR.
“Esto es simulación, que también caigan los funcionarios de alto nivel, que se castigue a los responsables que están siendo protegidos”, detalló.
