El juez federal Juan José Chávez Montes ordenó que se le diera prisión preventiva al exdelegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Salvador González Guerrero, por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes y las lesiones de otros 25 en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez.
Ayer se llevó a cabo la audiencia del contralmirante González Guerrero, en la cual se determinó la legalidad de su detención, que se realizó el domingo por la tarde en la colonia Jardines del Aeropuerto, entre la avenida Tecnológico y la calle Aeronáutica, a la altura del restaurante El Corralito, pese a contar con un amparo.
En su captura participaron agentes de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la audiencia de González Guerrero se le imputaron los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, así como ejercicio ilícito del servicio público, ya que él era responsable de garantizar la seguridad de los migrantes que se encontraban en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
De acuerdo con las acusaciones en contra de González Guerrero, a él se le atribuye que la noche del lunes 27 de marzo, cuando se registró la tragedia del incendio en las instalaciones migratorias de Ciudad Juárez, él dio la orden de que no se abrieran las rejas: “No, no les abran las rejas, déjalos”, fue la instrucción que se le atribuyó.
La consecuencia de dicha orden fue que 40 migrantes perdieran la vida en dicha estación migratoria, además de que otros 25 resultaron lesionados, muchos de ellos de gravedad.
Se estableció que la audiencia sobre la posible vinculación a proceso se realizará el próximo 21 de abril debido a que optó por la duplicidad del término constitucional.
Hasta que no se realice dicha audiencia, el exfuncionario federal permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de Chihuahua.
Sin embargo, su defensa había solicitado que pudiera ser sujeto de arraigo domiciliario o que, en su defecto, se le considerara como prisionero militar y, por consiguiente, se le remitiera al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México.
Esta última medida, argumentaron sus abogados, era porque se consideraba que su vida corría riesgo en una prisión civil, debido a las funciones que desempeñó en sus actividades como militar.
Sin embargo, el Ministerio Público rechazó la posibilidad de que González Guerrero fuera “beneficiado” con una prisión militar, en tanto que el juez aclaró que no podía definir que se le encarcelara dentro de una prisión castrense, porque él no tiene jurisdicción para decidir en ese ámbito.
Por ello, determinó su permanencia en el Cereso 3 de Ciudad Juárez y designó protección especial para resguardarlo.
González Guerrero fue designado delegado estatal del INM en octubre del 2021, siendo el tercero para dicho cargo en la actual administración y el segundo que surgió de las filas militares.
Tras la detención de Salvador González Guerrero, Andrés Quevedo fue designado encargado del despacho del INM en Chihuahua.
Culpa a Migración 63% de mexicanos por fallecimientos
El 63.6 por ciento de los mexicanos piensa que el principal culpable del fallecimiento de 40 migrantes en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez es el Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con una encuesta de México Elige, divulgada este lunes, la culpa de la tragedia ocurrida el 27 de marzo pasado es culpa del Gobierno federal y, en particular, del INM. En cambio, el 32.9 por ciento cree que la culpable es la empresa de seguridad privada que estaba a cargo de la vigilancia de la estación migratoria temporal y el 28.8 por ciento restante atribuye la culpa a los propios extranjeros irregulares.
El ejercicio estadístico aborda varios temas sobre la coyuntura actual y uno de ellos es el del cambio en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y la renovación de tres consejerías más.
Al preguntarle a los encuestados, el 40.8 por ciento opina que Morena gana con los nuevos consejeros, porque son cercanos a ese partido, mientras que el 39.3 por ciento considera que quien gana es el propio INE, porque sus nuevos integrantes son independientes de los institutos partidistas. Apenas el 1.6 por ciento cree que los funcionarios entrantes tienen cercanía con la oposición.
Respecto a la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, el 43.8 por ciento piensa que tiene proximidad con Morena, mientras que el 37.5 por ciento la percibe con independencia de los partidos.
Además, la nueva funcionaria goza del 47.5 por ciento de confianza, mientras que sobre la evaluación que hizo Lorenzo Córdova al frente de la presidencia del órgano electoral, los encuestados le dan un índice de aprobación de 52.0, con una calificación de 45.9 puntos.
Acerca del Plan B de la Reforma Electoral, que entre otros puntos plantea un achicamiento de la estructura del INE para reducir costos, el 42.6 por ciento de los encuestados manifestó estar en contra del planteamiento, contra 40.8 por ciento en favor de él.
Senadores buscan otorgar créditos para vivienda a indocumentados
Ante la crisis migrante, en el Senado alistan iniciativas para que en México puedan ser beneficiarios de servicios básicos de salud, a través de protocolos especiales, e incluso puedan acceder a créditos para vivienda.
En la Cámara alta revisan en comisiones las propuestas presentadas por legisladores de varias bancadas para otorgar beneficios a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o a los que han tenido que permanecer en el país.
En cuanto a la vivienda para migrantes, la propuesta surgida de las filas del grupo parlamentario del Partido Verde plantea dos enfoques: uno para migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, para que puedan destinar sus remesas a la compra de viviendas a sus familias, y otro para que organizaciones que apoyan a estos grupos poblacionales en México también puedan adquirir propiedades y recibir donativos para brindarles espacios de atención, dado que es un fenómeno que se ha desbordado y cada vez son más los requerimientos.
En ambos modelos se señala que el mediador sea la Sociedad Hipotecaria Federal la que permita que los migrantes mexicanos u organizaciones que atienden a estos sectores sean sujetos de crédito o donativos para albergarlos.
Indica que se deben analizar los esquemas de financiamiento que sean los más óptimos para que las comunidades migrantes de mexicanos y extranjeros se vean beneficiadas.
“Que a través de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) se implementen esquemas enfocados a dotar de vivienda en nuestro país a quienes han migrado en busca de mejores condiciones económicas y a través de sus remesas quieren obtener una casa propia para sus familias.
“También se considera incentivar a las organizaciones de migrantes, constituidas como personas morales sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, que dentro de su objeto social consideren la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de vivienda y no paguen el Impuesto Sobre la Renta”, establece la propuesta que se impulsa en la Cámara alta.
Esto, indica la iniciativa, reforzaría el enfoque de la política migratoria de México, tanto para los mexicanos que radican en Estados Unidos como para los de los países vecinos del sur que atraviesan el país y que también son sujetos de derechos en el territorio nacional, con la posibilidad de tener espacios para residir y no permanecer eternamente en las calles en su paso por el país.
Particularmente en el caso de los extranjeros, reconoce que se deben hacer mayores análisis para considerar las regiones en las que requieren más espacios para su habitación.
En materia sanitaria, la Comisión de Salud del Senado también reiteró la urgencia de que la Secretaría de Salud rinda un informe a esta instancia legislativa sobre la situación que prevalece en materia sanitaria en los grupos migrantes que ingresan al país.
El planteamiento señala que, con independencia de la crisis por la pandemia de Covid-19, se deben conocer las condiciones en las que se encuentran los grupos migratorios que llegan a México y sus principales requerimientos.
Establece que, tras conocer el estado de salud de los migrantes, se deben implementar protocolos de salud en función de sus necesidades y las regiones en las que se encuentren, porque la atención a sus condiciones sanitarias también contribuye a garantizar la salud en la población mexicana.
Síguenos también en Google News
Leo