Aunque se aseguró que no habría prisa y se abriría un amplio debate al respecto, Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general una iniciativa para reformar diversas leyes en materia minera vía 'fast track', es decir, sin pasar por el proceso legislativo que habría permitido debatir ampliamente sus alcances.
El proyecto para modificar las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos recibió 290 votos a favor; 186 en contra y una abstención.
Por parte de la oposición, además de los emecistas, fue el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, quien se encontraba a distancia en ese momento y emitió de viva voz un voto a favor; sin embargo, su equipo comunicó que emitiría una aclaración para señalar que fue un error y que el sentido real era en contra.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que presentarían reservas al proyecto, pero que votarían a favor del dictamen en lo general, “en congruencia a nuestros principios”, a pesar de que admitió que se viola el proceso legislativo.
Afirmó que el proyecto contiene varios puntos positivos que finalmente sí regularán las concesiones mineras que han generado múltiples daños ambientales y sociales, además de que establecerá condicionamientos para que haya planes de restauración.
A pesar de que el proyecto partió de la iniciativa enviada el 28 de marzo por el Presidente de la República, se plantearon modificaciones tras una reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política con el sector minero y otras “dependencias”, como lo afirmó el presidente de este órgano legislativo, Ignacio Mier.
Explicó que como resultado del acuerdo al que se llegó, se decidió que cinco por ciento de las utilidades de la actividad minera serán para las comunidades circundantes.
Destacó que el nuevo proyecto precisa la consulta a los pueblos originarios, la consulta sobre el aprovechamiento del agua, se establece que al menos 60 por ciento del agua que ocupen las minas deberá ser tratada.
Tampoco habrá concesiones en áreas protegidas y las mismas ya no se otorgarán como producto de “acuerdos ni de compadrazgos”, sino a través de licitación.
Otro de los cambios que resalta es que ahora se darán cinco años para etapa de exploración, 25 años para la operación y explotación, y después de eso se evaluará una ampliación.
La iniciativa presidencial proponía recortar de 50 a 15 años las concesiones y sólo serían prorrogables una ocasión por un lapso igual.
En el debate, el priista Ildefonso Guajardo señaló que, aunque el proyecto representa avances, también cuenta con “un problema” al dar al Servicio Geológico Mexicano la facultad exclusiva para realizar la exploración de las zonas.
Señaló que esto es un revés, debido a que esta actividad costó 700 millones de dólares en el 2022, mientras que el presupuesto del SGM llegó a los 50 millones, por lo que reclamó a Morena no acompañar la iniciativa de un aumento de presupuesto, pues advierte que, sin la capacidad ni estructura para exploración, no habrá nuevos proyectos mineros y esto afectará a importantes sectores productivos.
