Con el consenso que inusualmente se logra en la Cámara de Diputados, esta tarde se aprobó en lo general y lo particular la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el que se promete la reducción del tiempo en que se resuelven diversos litigios en la materia como adopciones, divorcios, entre otros.
El proyecto fue avalado con 481 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que ahora el proyecto pasará al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.
Este nuevo Código se compone de mil 191 artículos y 20 artículos transitorios, donde se especifica que habrá una vacatio legis de cuatro años.
Es decir, luego de su publicación, el decreto entrará en vigor gradualmente, primero en el Orden Federal y posteriormente en las entidades federativas según las declaratorias de los congresos locales, sin que se exceda del 1 de abril de 2027.
Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Macías Olvera, calificó al dictamen como el avance jurídico y legislativo más importante de los últimos años desde la reforma penal de 2008, pero de mayor calado.
Al subrayar que más de dos terceras partes de los litigios en México son de corte civil, aseguró que el proyecto también será un instrumento de pacificación de conflictos.
Entre sus modificaciones, explicó, permitirá que haya sentencias en materia civil en menos de 30 días; en cuanto a divorcios, la resolución se podrá dar en menos de 15 días, mientras que los procesos de adopción pasarán de ser en años a meses.
La morenista Aleida Alavez agregó que como producto del trabajo de 10 meses que se realizó con esta iniciativa, también se reforzaron las medidas de protección para salvaguardar a las víctimas de violencia y su familia, pues implicará diversas disposiciones, como el auxilio de autoridades, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 72 horas.
Es decir, luego de su publicación, el decreto entrará en vigor gradualmente, primero en el Orden Federal y posteriormente en las entidades federativas según las declaratorias de los congresos locales, sin que se exceda del 1 de abril de 2027.
Tanto el diputado del PT Reginaldo Sandoval como la priista Sue Ellen Bernal señalaron que la implementación de este Código también implicará un impacto presupuestal que deberá ser atendido.
“Es indispensable que los tribunales locales tengan los recursos suficientes; atienden tres veces más litigios que el Poder Judicial Federal y reciben la mitad del presupuesto. ¿Cómo van a enfrentar las adecuaciones que se tiene que hacer? En conclusión, parte importante del éxito en la implementación de este nuevo Código se resume en presupuesto, presupuesto, presupuesto”, dijo la diputada tricolor.
JVR
